MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
En su último informe, '¿Quién paga el precio?: El costo humano del esquema de Ruanda', la organización ofrece un análisis sobre las evidencias médicas del daño que sufrieron muchas de estas personas a las que se eligieron para viajar al país africano en una polémica medida que Londres defiende como una forma de limitar los cruces a través del Canal de La Mancha y el tráfico de personas.
"El Gobierno británico ha firmado un acuerdo cruel que expulsará por la fuerza a Ruanda a personas que han venido a Reino Unido en busca de seguridad", ha criticado la ONG, que recuerda que, a las críticas de Naciones Unidas, se le suma que el plan será revisado en el Tribunal Supremo a partir del 5 de septiembre.
"Nuestros médicos han descrito el impacto severo que tiene la amenaza de expulsión a Ruanda para la salud mental: experiencias de miedo intenso, ansiedad sobre el futuro, profunda pérdida de esperanza y recordatorios traumáticos de experiencias pasadas privan a las personas de seguridad", ha relatado la asesora clínica de Medical Justice, la doctora Rachel Bingham.
Nuestro informe muestra índices extremadamente altos de evidencias de tortura, trata y otras violaciones a estas personas, a quienes el Gobierno planea negarles una evaluación o una entrevista antes de que sean expulsados por la fuerza", ha denunciado Bingham, quien lamenta "el total desprecio por evaluar los riesgos de someter a estas personas a esta política".
Por ello, la directora de Medical Justice, Emma Ginn, ha pedido "la liberación inmediata y urgente" de todas estas personas migrantes detenidas de manera indefinida, así como abandonar una política que, de no hacerlo, "significaría que el daño que está causando el gobierno es premeditado".
El informe señala que de las 17 personas que han sido tratadas, catorce tenían evidencias de antecedentes de tortura y seis de que habían sido víctimas de trata. Quince han sido diagnosticados con trastornos de estrés postraumático, es probable que uno tenga episodios psicóticos, mientras que hay otro que requiere análisis urgente para descartar que padezca un tumor cerebral. Once tuvieron pensamientos suicidas durante la detención, incluida una que intentó suicidarse dos veces.
El polémico plan migratorio del Gobierno británico, presupuestado en unas 120 millones libras (cerca de 140 millones de euros) tiene como objetivo enviar a Ruanda a muchos de los que cruzan el Canal de la Mancha mientras se resuelven allí sus peticiones de asilo. En caso de comprobarse que necesitan protección, sería el país africano quien les ofrecería acogida.
Unas 25.000 personas han realizado este año la travesía del Canal de la Mancha en pequeñas y muy precarias embarcaciones. El primer vuelo planificado para Ruanda en junio fue suspendido, después de que interviniera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar a la Justicia británica que tomara una decisión sobre la legalidad de esta medida.
El Tribunal Supremo tomará una decisión a partir del 5 de septiembre, fecha en la que también se sabrá quien asume el cargo de primer ministro británico, o el exministro de Hacienda Rishi Sunak o bien la actual responsable de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Ambos se han mostrado partidarios de seguir con el plan.
