La Asamblea Estatal de California concluyó sus labores este miércoles tras aprobar más de una decena de proyectos de ley para facilitar el acceso al aborto, una demostración de fuerza que fue resultado de más de un año de cuidadosa planificación encaminada a reivindicar que el estado es un santuario para las mujeres después de que la Corte Suprema federal anulara el fallo del caso Roe contra Wade.
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Los legisladores aprobaron 15 proyectos de ley y 200 millones de dólares en nuevos gastos para reforzar las de por sí sólidas protecciones al aborto en el estado. La actividad no ha terminado, ya que los votantes decidirán en noviembre si se hace que la interrupción del embarazo sea un derecho constitucional en la entidad más poblada del país.
La Asamblea de mayoría demócrata aprobó fácilmente los proyectos de ley, y algunos ya se convirtieron en leyes. Se tiene previsto que el gobernador Gavin Newsom promulgue gran parte del resto antes de que concluya el mes.
En los próximos años, el estado canalizará millones de dólares a las clínicas con el fin de cubrir el costo de los abortos para las mujeres que no pueden pagarlos, incluidas las que viven en el país sin permiso legal.
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Se ha comprometido a gastar hasta 20 millones de dólares para traer a mujeres de otros estados a California para que aborten, cubriendo gastos como el viaje, el alojamiento y el cuidado de los niños.
California bloqueará la aplicación dentro del estado de las prohibiciones al aborto de otras entidades, incluida una ley de Texas que permite demandar a cualquiera que realice o ayude a realizar un aborto a una mujer de ese estado. También impedirá que los departamentos de policía y las empresas cumplan con las citaciones de otros estados u otras solicitudes de información sobre los abortos obtenidos legalmente en California.
Las mujeres con seguro médico privado no tendrán que efectuar copagos por los abortos, y los empleadores religiosos que no cubren el costo de los abortos a través de seguros médicos se verán obligados a proporcionar a sus trabajadores una lista de servicios reproductivos disponibles al público.
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“Nada de esto fue una reacción instintiva que intentara legislar para que se obtuvieran resultados de forma simultánea”, dijo Jodi Hicks, presidenta y directora general de Planned Parenthood Affiliates of California. “Todo fue muy bien pensado de antemano con un grupo de expertos”.
Los opositores al aborto se están preparando para responder, y el presidente del California Family Council, Jonathan Keller, señaló que el grupo está “explorando todas nuestras opciones jurídicas y de procedimiento”.
Keller dijo que el proyecto de ley que obliga a los empleadores religiosos a dar listas de servicios de aborto está “realmente listo para ser impugnado ante la Corte Suprema”, citando una ley anterior de California que los tribunales anularon y que requería que los centros de crisis de embarazo alertaran a los clientes sobre las opciones de aborto disponibles públicamente.
