CARACAS (AP) — El gobierno de Venezuela acusó nuevamente el jueves a su extitular de Petróleo de cometer ilícitos mientras se encontraba al frente de la industria más importante del país, esta vez asegurando que estuvo involucrado en una operación de malversación de miles de millones de dólares en la década de 2010 que aprovechaba un sistema monetario dual.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, declaró que Rafael Ramírez, quien estuvo a cargo de supervisar la industria petrolera de la nación durante una década como ministro del Petróleo y presidente de la petrolera paraestatal PDVSA, es buscado por varios cargos, incluyendo malversación, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Saab hizo su anuncio luego de dos días de que el actual ministro del Petróleo del país, Tareck El Aissami, presentó a la prensa lo que dijo es evidencia de un fraude de casi 5.000 millones de dólares. Entre los documentos había una carta en la que se aprobaba un crédito para PDVSA en bolívares, la moneda nacional de Venezuela, el cual fue reembolsado en dólares, así como casi 30 recibos de pago.
Ramírez dijo a The Associated Press que las acusaciones en su contra son falsas.
Desde hace tiempo, fiscales estadounidenses han advertido sobre planes similares a los que se le imputan a Ramírez.
La fiscalía venezolana alega que Ramírez y sus cómplices usaron el sistema cambiario dual oficial y no oficial para enriquecerse. El sistema permitía a personas con influencias políticas ganar millones de la noche a la mañana al sacar ventaja de las enormes diferencias en las tasas de cambio.
En la tasa de cambio oficial, los bolívares tienen un valor mucho más alto que en el mercado negro. Aquellos que tenían dólares podían comprar bolívares en el mercado negro, y luego otorgar préstamos a PDVSA, que los reembolsaba a la tasa de cambio oficial, lo que resultaba en una ganancia en dólares muy superior a lo que originalmente se había gastado para adquirir la moneda venezolana.
Según los fiscales, Ramírez se benefició de un préstamo que él le autorizó a PDVSA retirar en bolívares, pero por el que la compañía petrolera reembolsó 4.800 millones de dólares a empresas privadas —no a bancos— en 28 pagos realizados entre marzo de 2012 y marzo de 2013.
La operación involucraba a varias personas, incluyendo al entonces director de finanzas de la compañía Víctor Aular Blanco, que fue arrestado el martes. Saab compartió el jueves un video en el que Aular Blanco admitía su participación.
Saab le dijo a The Associated Press que aún le falta pedirle al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —el cual es la máxima corte del país y se encuentra alineado con el gobierno— que emita una solicitud de extradición para Ramírez, que reside en Italia, pero lo describió como un trámite rápido. Previamente el tribunal emitió una orden de extradición para Ramírez en otro caso de malversación, pero la máxima corte de Italia rechazó la solicitud este año.
Ramírez, ciudadano venezolano, huyó a Italia tras romper con Maduro y renunciar al puesto de embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en 2017. Poco después, el fiscal general venezolano ordenó su arresto bajo cargos de llevar a la quiebra a la principal fuente de ingresos del país. Entonces el tribunal le solicitó a Italia su extradición.
El gobierno italiano le dio a Ramírez el estatus de refugiado, y sus abogados alegaron que enfrentaría persecución política si era extraditado a Venezuela. En enero, el máximo tribunal de Italia confirmó que Ramírez no puede ser extraditado para enfrentar cargos de corrupción en su país debido a los antecedentes del gobierno venezolano de violaciones a los derechos humanos.
Ramírez dijo que la investigación venezolana previa es una represalia por su decisión de romper con Maduro, al que ha acusado de arruinar la otrora próspera industria petrolera venezolana y de abandonar los ideales socialistas del fallecido presidente Hugo Chávez. Antes de la conferencia de prensa de El Aissami el martes, Ramírez tuiteó que el actual director de PDVSA iba a salir con “otro falso positivo” y en lugar de ello "debería ocuparse de PDVSA y los trabajadores petroleros”.
