El colectivo Seguridad Sin Guerra se unió la Resistencia Feminista para pedir a las y los senadores el rechazo a la propuesta de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
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“Las Fuerzas Armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana, y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado coludidas con el Estado.” dice el comunicado firmado por más de 100 organizaciones feministas y casi 500 mujeres.
“Las violencias en general han aumentado con el despliegue militar. Pero para las mujeres el efecto ha sido peor. La militarización de la seguridad pública no nos da seguridad, nos hace más vulnerables.
Ahora vamos a tener más de 350 mil soldados con fuero militar en las calles. El gobierno está lanzando al ejército a las calles a hacer todo tipo de funciones que no les corresponde y con un manto de impunidad” dijo Catalina Pérez Correa, profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
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“No queremos una Guardia Militar, que propone Morena, ni la extensión del despliegue militar que ahora propone el PRI. Queremos la construcción de policías civiles que nos cuiden.”
Convocan a movilización contra la no militarización en el país
Este jueves 6 de septiembre se espera una movilización, pues el colectivo Seguridad Sin Guerra convocó a la comunidad artística, académica y estudiantil a manifestarse a favor de la no militarización en el país. La cita es a las 8 de la noche en el Ángel de Independencia y partirá hacia el Senado de la República.
Lee aquí los puntos más importantes del comunicado:
Las razones por las que las organizaciones feministas y mujeres que firmaron el comunicado son porque, señalan, la bancada de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, sin una discusión profunda, una serie de reformas legislativas que implican, de fondo, que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), violando el artículo 21 de la Constitución, entre otros.
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“La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó, en el caso Alvarado Espinoza y otros vs México (2018), que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe estar reservado primordialmente a las corporaciones policiales civiles y que las fuerzas armadas solo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
1. La militarización afecta la seguridad pública y obstaculiza el acceso a la justicia
Frente a ello, las mujeres (madres, hijas, hermanas, parejas de víctimas) han reemplazado el papel del Estado en la búsqueda e investigación de distintas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Estas han sido renuentes a colaborar con las instituciones de investigación y procuración de justicia civiles cuando sus elementos se han visto involucrados en graves violaciones a derechos humanos. Ha quedado demostrado que el fuero militar perpetúa la impunidad.
2. La militarización afecta particularmente a grupos históricamente oprimidos
Atenta contra la vida de las mujeres empobrecidas, racializadas, mestizas, de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, personas LGBTIQ+ y de personas migrantes. Nuestros cuerpos son utilizados como instrumentos de guerra para reafirmar el terror, control y poder en nuestra sociedad.
3. La militarización genera opacidad, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas efectiva
El ejercicio del presupuesto, la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la actuación de los militares quedan excluidos de nuestro conocimiento como ciudadanas.
Exigen:
“A las Senadoras y Senadores no violar nuestra Constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública. Una estrategia bélica que continúa una guerra fallida no puede generar un contexto de paz.
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A la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización.
A los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional y restaurativa a nivel federal, estatal y municipal”.
