BEIRUT (AP) — Decenas de parientes de las víctimas de una masiva explosión en el puerto de Beirut protestaron el miércoles contra la decisión de la judicatura de nombrar a un segundo juez investigador, señalando que es un intento de la clase política de impedir que se haga justicia en una de las mayores explosiones no nucleares del mundo.
La investigación del siniestro, que dejó 218 muertos, miles de heridos y pérdidas por valor de miles de millones de dólares, está bloqueada por los poderes políticos desde diciembre, cuando tres exministros presentaron recursos contra el juez investigador Tarek Bitar.
Ahora, el ministro de Justicia, Henri Khoury, y el Consejo Judicial Superior, el organismo judicial supremo, estudian el nombramiento de un segundo juez para que deje en libertad a algunos funcionarios del puerto y la aduana, así como algunos trabajadores detenidos sin cargos desde la explosión del 4 de agosto de 2020.
“Lo que sucede es un intento de quitarle el caso al juez Bitar”, opinó Youssef Diab, un periodista libanés especializado en asuntos legales, a The Associated Press durante la protesta frente a la oficina del ministro de Justicia. “Nombrar un segundo juez investigador para aprobar la libertad de los presos significa despojar al juez Bitar de sus poderes”, agregó.
Muchos achacan la tragedia a la corrupción de larga data del gobierno libanés, pero la elite que controla el poder desde hace décadas es intocable. Las explosiones se produjeron al estallar en el puerto de cientos de toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en fertilizantes.
Luego salió a la luz que el nitrato de amonio había llegado a Líbano en 2013 y se encontraba desde entonces almacenado indebidamente en un depósito en el puerto. Altos funcionarios políticos y de seguridad sabían de su existencia, pero no hicieron nada.
El poderoso líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, criticó duramente a Bitar, dijo que su investigación era un “gran error” y la calificó de tendenciosa. Pidió la expulsión del juez.
Bitar es el segundo juez que toma el caso. El primero, Fadi Sawwan, debió renunciar ante denuncias de tendenciosidad de parte de dos ministros del gabinete. Si le sucede lo mismo a Bitar, podría significar el fin de la investigación.
Los líderes de las tendencias políticas libanesas, que se han repartido el poder durante décadas, han estrechado filas para frustrar cualquier rendición de cuentas.
