CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el jueves otorgar medidas de protección provisionales a favor de 45 manifestantes y opositores presos en Nicaragua y sus respectivas familias por encontrarse en una “situación de extrema gravedad” y riesgo de “daños irreparables a sus derechos”.
En un comunicado de prensa publicado en su página web, la CIDH formuló su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ambos órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Indicó que en el grupo figuran personas que participaron en protestas desde 2018, opositores a la administración de Daniel Ortega y miembros de sectores de la sociedad civil que “han expresado su desacuerdo con las políticas del gobierno actual”.
Los 45 prisioneros se encuentran en ocho centros de detención del país, incluyendo el centro penitenciario “Jorge Navarro” o cárcel La Modelo, la cárcel de mujeres “La Esperanza” y la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, también conocida como “Nuevo Chipote” o “El Chipote”, indicó el informe.
En las celdas policiales de “El Chipote” permanecen encarcelados al menos 27 líderes políticos y estudiantiles, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos que fueron presentados recientemente ante medios de prensa oficialistas.
La CIDH recordó que otorgó previamente medidas cautelares a favor de estas personas y sus núcleos familiares, debido a que se cumplían “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” en su condición humanitaria, sin haber recibido respuesta del Estado de Nicaragua que indique que se han adoptado medidas de protección a su favor.
“Esta situación es especialmente preocupante, dado que las personas mencionadas han sido incomunicadas, ubicadas en condiciones de detención de riesgo, la misma que se agravaría ante la falta de atención médica”, alertó la entidad.
Resaltó también que estas personas “no cuentan con las garantías mínimas” en sus procesos judiciales, mientras sigue “el escalamiento de la crisis” en Nicaragua. “El Estado sigue sin proporcionar información concreta, detallada y actualizada sobre su situación actual, pese a las solicitudes” presentadas, señaló.
Por lo anterior, la CIDH solicitó a la Corte IDH “que ordene al Estado de Nicaragua implementar medidas de protección en favor de las 45 personas identificadas y sus núcleos familiares”.
En el grupo de detenidos figuran las activistas Evelyn Pinto, María Esperanza Sánchez y Karla Vanessa Escobar; los dirigentes opositores Yubrank Suazo, José Antonio Peraza, Wilfredo Brenes, Walter Montenegro y Edward Lacayo; los abogados Róger Reyes y José Manuel Urbina Lara, el sociólogo Irving Larios y el estudiante Kevin Solís, entre los más conocidos.
El informe recordó que la Corte IDH puede emitir medidas provisionales “en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas”, las cuales tienen carácter obligatorio para los Estados, a los que se les exige “adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida” de personas o grupos bajo amenaza.
Nicaragua vive una grave crisis política que se inició con las protestas antigubernamentales de 2018, cuando la represión de policías y paramilitares dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, de acuerdo con cifras de la CIDH.
Según el más reciente informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, cuyos datos son avalados por la CIDH, la cifra actual de detenidos por razones políticas en el país es de 205, de los cuales 20 son mujeres y 10 están encarcelados desde antes de 2018.
