VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
En concreto, el Juzgado tiene citados a declarar a Ignacio Morchón padre, asu esposa, su hijo y sus dos hijas en calidad de investigados (a estos cinco se suma otra veintena) en virtud de una providencia a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.
Además, el pasado mes de julio la juez instructora dictó un auto en el que acordó no prorrogar más allá del 29 de julio la instrucción de la denominada 'Operación Ignis' sobre el supuesto 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación, si bien precisó que ello no supondía dejar fuera de la misma aquellas diligencias que estuvieran en curso.
INFORME INCRIMINATORIO DE LA POLICÍA
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta 'sustracción' de ataúdes.
El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.
Los peritos han analizado un total de 22 dietarios--desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017--con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de 'explotación' de la denominada 'Operación Ignis'. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el 'cambiazo' a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.
Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, "evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad", y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.
