MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La jueza que investiga una presunta red policial que ofreció a excargos del Gobierno de Venezuela supuestas influencias en la administración española a cambio de grandes sumas de dinero e información sobre Podemos ha rechazado que el partido se persone en la causa como perjudicado al considerar que carece de legitimidad para ello.
"Ni del informe del Ministerio Fiscal solicitando la declaración como investigados de ciertas personas físicas y jurídicas ni del atestado instruido por la Unidad de Asuntos Internos" de la Policía "y ampliaciones del mismo se desprende que Podemos ostente la condición de perjudicado", apunta la magistrada Cristina Díaz Márquez en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Aun así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid deja la puerta abierta a aceptar más adelante el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, favorable a que la formación que dirige la ministra Ione Belarra ejerza como interesada en la causa.
Según la jueza, Podemos podrá actuar como interesado si durante la investigación judicial salen a la luz nuevos hechos que acrediten "un interés legítimo y directo" de la formación morada.
La Fiscalía también rechazó la petición del partido de ejercer como acusación particular en el procedimiento, aunque sí vio pertinente que figure en condición de "interesada". Según precisó, en este caso Podemos podría acceder a las notificaciones y a la información de la investigación que les pueda afectar.
Así se pronunciaron los fiscales después de que el pasado junio la jueza les diera traslado del escrito en el que Podemos pedía ser acusación particular en la causa al considerarse "perjudicado" de las actuaciones de la presunta red policial de estafa.
PRÓXIMAS CITACIONES
En el marco de este procedimiento está previsto que la jueza tome declaración el próximo 26 de septiembre al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado como presunto perjudicado de la red policial. También están citados para ese mismo día Carlos Aguilera, exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela, y a Dimas Antunez, denunciante del caso.
Además de estas citaciones, la magistrada tiene pendiente tomar declaración el 6 de octubre a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
Según indicó la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en uno de sus informes recogidos por Europa Press, la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Brigada Antiblanqueo recoge en su informe que la red recibió "millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas". Esta información fue facilitada a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado 'caso PDVSA'.
Fuentes cercanas a la causa explicaron a Europa Press que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid.
Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados "han sido variadas": desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. "Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito", señalaron los agentes.
