La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresó a la Legislatura estatal una iniciativa de reforma al Código Penal para que sea considerado delito, con penas de hasta 15 años de prisión, el que una organización criminal establezca sobreprecios a productos como material de construcción, pollo, tortillas u otros, o quiera imponer al proveedor o constructora para obra pública.
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Estas actividades son identificadas, sobre todo, en los municipios colindantes con los estados de Guerrero y Michoacán.
“La penalidad que estamos proponiendo a los señores legisladores es de seis a 10 años, pero estas conductas preveemos agravarlas cuando participen dos o más personas con tres a siete años y de cinco a 15 años de cárcel, si estos individuos se identifican como parte de una organización criminal”, precisó el fiscal mexiquense, José Luis Cervantes.
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En entrevista, dijo que el objetivo es no esperar a las denuncias, sino contar con un instrumento que permita actuar de oficio, pues este tipo de ilícitoshan desalentado la economía, y hay casos con materiales de construcción con sobreprecio de 12% y hay que comprarle sólo a esa casa, refirió.
