El Departamento de Justicia le pidió el viernes a una corte federal de apelaciones que levante la orden de una jueza que le prohibió temporalmente revisar un lote de documentos secretos incautados durante un allanamiento del FBI a la finca del expresidente Donald Trump en Florida el mes pasado.
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El departamento le dijo a la Corte de Apelaciones del Circuito en Atlanta número 11 que la prohibición de la jueza, impuesta la semana pasada, había impedido los “intentos del gobierno de proteger la seguridad de la nación” e interfirió con su investigación sobre la presencia de documentos ultrasecretos en la mansión Mar-a-Lago. Le pidió a la corte que retire esa orden, de forma que puedan reanudarse las labores, y que suspenda la orden de un juez que obliga al departamento a proporcionar los documentos clasificados incautados a un árbitro independiente para que los revise.
“El gobierno y el público sufrirían un daño irreparable si no se suspende” la orden, escribieron abogados del departamento en su texto dirigido a la corte de apelaciones.
El nombramiento por parte de la jueza federal de distrito Aileen Cannon de un así llamado perito especial para que revise los documentos, y el resultante forcejeo jurídico que provocó, parece que con toda seguridad generarán una demora de semanas en la investigación del departamento sobre la retención de documentos secretos en la propiedad de Florida después de que Trump dejó la presidencia. El Departamento de Justicia está investigando posibles infracciones a diversas leyes, incluyendo a la Ley de Espionaje, pero sigue sin estar claro si Trump —que está preparando el terreno para una posible postulación a la presidencia— o alguien más podría ser acusado.
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El FBI dice que incautó aproximadamente 11 mil documentos, incluyendo unos 100 con marcas de ser clasificados hallados en un almacén y una oficina, mientras cumplía una orden de cateo con autorización judicial en la mansión el 8 de agosto. Semanas después de la búsqueda, abogados de Trump le pidieron a una jueza que nombrara a un perito especial con el fin de que efectúe una revisión independiente de los registros.
Cannon concedió la solicitud la semana pasada, asignando un perito especial para que revise los registros y descarte cualquiera que pudiera estar cubierto por el privilegio ejecutivo o por el privilegio abogado-cliente. Le ordenó al departamento que suspendiera su uso de los documentos secretos con fines de investigación hasta nueva orden judicial, o hasta que el perito especial concluya sus labores.
