CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Más de 7.000 personas de una comunidad del este de Guatemala rechazaron en una consulta municipal la operación de la mina de oro Cerro Blanco, de capital canadiense, por considerar que contaminaría el medio ambiente.
Julio González, activista ambiental de la organización Madre Selva, dijo el lunes a The Associated Press que tras el conteo de la consulta de la víspera 7.481 personas votaron en contra de que la mina opere frente a 904 que la avalaron.
La mina Cerro Blanco es propiedad de Buestone Resourses y se ubica a 15 kilómetros de la frontera entre Guatemala y El Salvador en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa.
Las operaciones de proyectos extractivos en Guatemala, que cuentan con el apoyo del gobierno, han generado varios conflictos entre empresas y comunidades que se han tornado violentos, incluso con resultados fatales.
González explicó que la mina pretende cambiar sus operaciones de una mina subterránea a una mina a cielo abierto bajo el argumento de que contaminaría menos y que se pretende hacer un cráter de 1,2 kilómetros de diámetro y 360 metros de profundidad. “Quieren excavar un cráter y remover todos esos escombros y colocarlos en la parte superior del cerro”, dijo González. Explicó que bajo el argumento de que el área es seca se cree que esto no afectará, “pero con el cambio climático han habido tormentas que han impactado el lugar y provocado lluvias. Todo ese material allí con la lluvia descendería hasta afectar las comunidades”, indicó.
Unas 15.000 personas habitan las cercanías de la mina.
La empresa canadiense aún no se ha pronunciado sobre la consulta.
La preocupación por las actividades de la mina también se ha extendido a ambientalistas en El Salvador y Honduras.
Bernardo Belloso, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -una organización ambiental y que participó como observadora en la consulta- dijo que familias enteras acudieron a votar en forma pacífica. “Fue una actividad cívica y en un sentido total de rechazo a las acciones de la mina”, dijo.
Belloso sostuvo que las operaciones de la mina ya han sido denunciadas desde El Salvador al gobierno guatemalteco. “La mina está contaminando toda la vena hídrica de la cual El Salvador abastece a la mayor parte de su población. Esta no es una lucha sólo de los guatemaltecos sino también de los salvadoreños y hondureños”, dijo.
Según los activistas la mina habría presentado un recurso legal para impedir la consulta en base a que debe aplicarse un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales que establecería negociar y no decidir sobre el proyecto. Sin embargo, según los ambientalistas esto no aplica pues la comunidad es casi 100% mestiza.
La mina tiene licencia desde 2007 y según activistas debió haber sido cancelada porque, entre otras razones, no pagó los impuestos correspondientes.
