BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Unas 2.800 personas según la Guardia Urbana y 200.000 según Escuela de Todos han participado este domingo en la manifestación convocada por la organización a favor del castellano en las escuelas de Cataluña bajo el lema 'Español, lengua vehicular'.
Muchos asistentes han ondeado banderas de España y otros han sostenido pancartas con mensajes como 'Ni lengua ni doctrina impuestas', 'Cataluña es España', 'Prohibir un hablar es prohibir dialogar', 'Libertad' y 'Stop indoctrinating children in catalan schools' ('Basta de adoctrinar a los niños en las escuelas catalanas'), entre otros.
La manifestación ha reunido a dirigentes de PP, Cs, Vox y Valents, como la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el presidente de Vox, Santiago Abascal; la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; la presidenta de Valents, Eva Parera; el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa; el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.
La organización Escuela de Todos ha reclamado la vehicularidad del castellano en todo el sistema educativo de Cataluña, "adoptando las medidas académicas y jurídicas que sean necesarias para lograrlo".
Así lo ha pedido la organización en un manifiesto que ha leído la presidenta de la plataforma 'S'ha Acabat!', Júlia Calvet, y en el que ha reclamado al Gobierno que "cumpla y haga cumplir la Constitución en Cataluña, en las demás comunidades autónomas con lengua cooficial y en todo el país"; y a los tribunales, que amparen los derechos lingüísticos del alumno ante su vulneración.
Otro punto del manifiesto reclama "que se ponga fin a la arrogante y permanente desobediencia a la Constitución y a las decisiones judiciales de la que hace gala el Govern", al que acusan textualmente de actuar al margen de la ley y jactarse de ello sin sufrir consecuencias.
Entre otras peticiones del manifiesto figura "que las instituciones de la Unión Europea reprueben las actuaciones de los gobiernos autonómicos y estatales que sean contrarias a los valores europeos", así como que la Generalitat cambie su política lingüística, que tacha de represora, y proteja al castellano.
Además, defienden que los ciudadanos "se sientan libres para hablar en la lengua que deseen, en la escuela y fuera de ella, y no se dejen acosar por los que pretende recortar sus derechos y libertades".
PISOTEO DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este domingo a la Generalitat de "un pisoteo de derechos lingüísticos de los catalanes con la complicidad del Gobierno de España, que lo permite y no lo impide".
Lo ha defendido en declaraciones a los periodistas antes de la manifestación. Gamarra ha reclamado que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de Cataluña y ha criticado tanto a la Generalitat como al Gobierno.
"No cabe la dejación de funciones por seguir en La Moncloa por un puñado de votos", ha añadido y ha instado al Govern y al Gobierno a cumplir y aplicar las sentencias judiciales, y les ha responsabilizado de garantizar los derechos lingüísticos.
APLICAR EL ARTÍCULO 155
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para "que la legalidad sea restituida" y ha defendido que se mantenga el tiempo que haga falta hasta que se garanticen, dice, los derechos lingüísticos.
Ha tachado al Govern de "mafia golpista que se ha apoderado de las instituciones con la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha acusado de no acatar las sentencias judiciales.
IMPOSICIÓN SECTARIA DEL CATALÁN
La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha criticado la "imposición antigua, ridícula y sectaria" del catalán que considera que hace años que impera en Cataluña y que carece de sentido común.
En declaraciones a los medios, ha defendido que "el español pueda ser lengua vehicular en todos los rincones de España".
"Es una vergüenza que no se cumplan las sentencias", ha dicho en referencia a la que establecía un 25% de horas de clases en castellano, y ha añadido textualmente que las familias catalanas constitucionalistas se ven obligadas a ser héroes y acudir a los tribunales para escolarizar a sus hijos en castellano.
