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FGR ‘blinda’ a militares al pedir la cancelación de 21 órdenes de captura por caso Ayotzinapa

El juez accedió a dejar sin efecto las órdenes de aprehensión, donde se encontraban algunas dirigidas a 15 miembros del Ejército mexicano

ayotzinapa

El caso Ayotzinapa continúa en el ojo del huracán después de las múltiples filtraciones del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, pues ahora se difundió que la Fiscalía General de la República (FGR) recurrió a pedir la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas apenas en el mes de agosto.

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De acuerdo con información en poder de El País, el mismo juez que había ordenado las detenciones cambió su veredicto y las dejó sin efecto, por lo que el choque entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa se ha agravado.

En este sentido, de las múltiples órdenes de detención que fueron canceladas, 16 de los implicados eran integrantes del Ejército mexicano, entre los que 15 estaban acusados por el delito de desaparición forzada, según reveló este domingo la filtración del diario español.

Además, recalcó que de los 83 mandatos de captura, solo se han ejecutado cuatro, uno de ellas en contra del general José Martínez Crespo, quien ya permanecía en prisión desde el año 2019.

Al respecto, desde el pasado 18 de agosto las investigaciones, la información y las detenciones sobre el caso Ayotzinapa se han acelerado, después de que la comisión y la unidad indicaran a la Fiscalía, comandada por Alejandro Gertz Manero, que había 83 presuntos responsables que debían responder ante la justicia.

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Los datos a los que accedió El País también muestran que en las pesquisas de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa también estaban envueltas figuras del Poder Judicial de Guerrero y de la procuración de justicia: el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; el entonces juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, donde se encuentra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

En este sentido, el mismo medio refiere que las fricciones entre la FGR y Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa se pronunciaron después de la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, pues el fiscal Gertz Manero desplazó la opinión del órgano y pidió que aceleraran las acusaciones en contra del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, envuelto en la creación de la “verdad histórica”.

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