MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes a la junta militar de Guinea que apruebe una nueva ley contra la violencia de género y que mejore la prevención ante las violaciones y el cuidado de las supervivientes, que hacen frente a estigmatización social, barreras a la hora de acceder a la justicia y ausencia de atención médica.
La ONG ha señalado en su informe 'La vergüenza debe cambiar de bando: garantizar los derechos y la justicia para las víctimas de la violencia sexual en Guinea' que en 2021 se registraron más de 400 denuncias por violación, mientras que la mayoría de las supervivientes eran menores de edad.
"Las víctimas y sus familias nos han dicho en repetidas ocasiones que la horrenda violencia sexual que experimentaron se ve agravada por los juicios sociales, pero el silencio está empezando a romperse en los casos de violación y la sociedad civil se está movilizando para denunciar la violencia sexual", ha dicho la directora regional de Amnistía para África occidental y central, Samira Daud.
"A pesar de los recientes esfuerzos por parte de las autoridades para abordar el problema de la violencia sexual, queda mucho por hacer en términos de información, prevención, acceso al cuidado y justicia para que se respeten las obligaciones de Guinea bajo las leyes de Derechos Humanos internacionales y regionales", ha argüido.
El informe recoge declaraciones de supervivientes, autoridades administrativas, judiciales y religiosas, trabajadores sanitarios, diplomáticos y representantes de la sociedad civil y analiza los obstáculos que impiden que las víctimas reciban tratamiento efectivo y logren un acceso a la justicia en el país africano.
La Oficina para la Protección del Género, el Niño y la Moral (Oprogem) y la Brigada Especial para la Protección de Personas Vulnerables (BSPPV) hicieron frente en 2021 a más de 400 casos de violación, con algunos casos con víctimas menores de trece años, si bien el documento apunta que la cifra es "indudablemente más alta".
En este sentido, recuerda que las víctimas de violencia sexual y sus familias hacen frente a estigma en sus comunidades, mientras que los acuerdos extrajudiciales y los casos tratados en centros médicos pero no incorporados a las estadísticas revelan un impacto aún mayor.
"Cuando fuimos al hospital, uno de los doctores dijo: 'Esta es la niña que fue violada'. Duele. Allá adonde va, la gente la señala. Siempre está encerrada en casa", relata la madre de una niña que fue violada. "No sale, se comunica poco con la gente. Quiere volver a la escuela, pero no es posible", lamenta.
Por ello, la ONG ha reseñado la importancia de que las autoridades lleven a cabo más esfuerzos en campañas de educación para abordar las actitudes sociales y culturales que discriminan a las mujeres y perpetúan la violencia contra ellas, incluida una 'tolerancia cero' con la violencia de género y un desmantelamiento de los estereotipos dañinos y los mitos relacionados con la violación.
Además, ha indicado que Guinea carece de un teléfono gratuito que permita a las víctimas denunciar los casos y recibir asesoría médica y legal. "Podemos dar consultas gratuitas, pero si la gente tiene complicaciones que requieren cirugía o complicaciones infecciosas que requieren medicación, no podemos hacerlo gratis", ha explicado un médico.
DIFICULTADES A NIVEL LEGAL
En este sentido, la directora regional de la Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPFAR), Marie-Evelyne Petrus-Barry, ha señalado que "el estigma asociado con la violación en Guinea, que a menudo lleva a no denunciar el crimen o no presentar denuncias, deja a las supervivientes de estas atrocidades sin acceso a la atención médica y el apoyo psicosocial, así como sin ayuda legal para un acceso a la justicia y las compensaciones".
"La violencia de género en todas sus formas es reconocida como una violación de los derechos humanos por el marco y la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos. La desigualdad de género, el desequilibrio de poder y la falta de respeto por los Derechos Humanos son a menudo las causas subyacentes de estos actos atroces e impiden que las supervivientes accedan y disfruten de toda su salud y derechos sexuales y reproductivos", ha denunciado.
Amnistía Internacional ha reseñado que, a pesar de los recientes avances a la hora de adaptar los marcos legales y el desarrollo de unidades especializadas en la Policía y la Gendarmería para tratar estos casos, sigue habiendo dificultades para que las víctimas logren justicia y los responsables de estos actos disfrutan a menudo de impunidad.
Así, las investigaciones judiciales se ven a menudo dificultades por la falta de recursos y formación, mientras que el sistema judicial guineano carece igualmente de recursos, con la mayoría de los jueces, mayoritariamente hombres, trabajando en malas condiciones. El informe refleja además que algunos de ellos perpetúan estereotipos patriarcales al tratar estos casos.
"Las autoridades guineanas prometieron que combatirían la violencia de género y la violación. Les reclamamos que den pasos concretos para fortalecer los esfuerzos estatales para evitar la violencia sexual y garantizar el cuidado y la justicia para las supervivientes", ha remachado Daud.
