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Caso Ayotzinapa fractura gobierno de AMLO: por estas razones renunció el fiscal Gómez Trejo

El Caso Ayotzinapa ha destapado la actuación de funcionarios de gobierno y miembros de las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes

Marcha por los 8 años de Ayotzinapa
Ayotzinapa. El fiscal, Omar Gómez Fierro, encargado del caso, presentó su renuncia. (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se cimbró después de la filtración de documentación reservada sobre el informe del Caso Ayotzinapa, en la que se reveló la participación clave de militares en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, así como la división entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la unidad especial de investigación del caso.

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Sin embargo, a todos estos elementos se sumó la renuncia del fiscal encargado del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien había puesto los ojos de las indagatorias sobre el Ejército mexicano, pero la intromisión en su trabajo, así como conflictos internos, habrían provocado su salida.

Todo comenzó desde la detención de Jesús Murillo Karam, que, aunque correspondía a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dicho caso, la Fiscalía General de la República (FGR) y Alejandro Gertz Manero tomaron las riendas del proceso, lo aceleraron y aislaron al Gómez Trejo, mientras se encontraba en Israel para lograr la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República.
Jesús Murillo Karam. Fungió como procurador de la República en el mandato de Enrique Peña Nieto.

Además de la ruptura al interior de la Fiscalía sobre las funciones que le competen a cada una de las áreas sobre diferentes asuntos, de fondo también se encuentra el tema del Ejército y su presunta colusión con miembros de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre del 2014.

Aunque en un inicio se habían solicitado desde la Fiscalía General de la República (FGR) 83 ordenes de aprehensión en contra de personas implicadas en la noche de Iguala--21 de esos mandatos correspondían a militares--, fueron canceladas sin explicar ningún motivo aparente y solo cuatro de ellas se habían cumplimentado.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
AMLO. El presidente ha defendido la permanencia de las fuerzas armadas para labores de seguridad. (Galo Cañas/Galo Cañas)

El contexto de prolongar la permanencia del Ejército en las calles del país para labores de seguridad hasta el 2028 envuelve a las recientes acusaciones en contra de los soldados y generales, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha atenuado los señalamientos desde la tribuna presidencial, pero confirmó las diferencias entre los fiscales Gómez Trejo y Gertz Manero.

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“Sí renunció, la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias. Decirles a los papás que tengan confianza, vamos a continuar con la investigación, ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de todas partes y tenemos la firme voluntad de hacer justicia”, aseguró.

Ejército mete presión a AMLO

En medio de las nuevas revelaciones sobre el caso Ayotzinapa que involucran a militares, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, habría presionado a AMLO con sacar de las calles al Ejército si continuaban manchando a las fuerzas armadas.

De acuerdo con la columna del periodista Carlos Loret de Mola, Cómo el Ejército dobló al gobierno en el caso Ayotzinapa, las declaraciones del mando militar habrían ocurrido en una de las reuniones del gabinete de Seguridad, donde no se encontraba el presidente pero sí su brazo derecho, Adán Augusto López, quien le entregó la información.

“Si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”, aseveró el general.

Posteriormente, de acuerdo con Loret de Mola, se emprendió una estrategia para frenar el cumplimiento de las ordenes de aprehensión autorizadas en contra de militares.

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