BOGOTÁ (AP) — Un centenar de mujeres exigieron el miércoles frente al Ministerio de Salud colombiano el pleno acceso al aborto legal hasta la semana 24 de gestación que permita derribar las barreras que, según señalan, aún existen en el país pese a que desde febrero la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización.
“Hay médicos con prejuicios y personas en el sistema de salud que no entienden que ahora el aborto está despenalizado y continúan perpetuando la violencia contra el cuerpo de la mujer”, señaló a The Associated Press Marwi Perdomo, de 32 años, al tiempo que sostenía un cartel con la frase: “Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de libertad”.
En Colombia es posible acceder al aborto legal hasta la semana 24 de gestación sin mayor requisito que la propia decisión de las mujeres y sin riesgo de ir a la cárcel, de acuerdo con la reciente decisión judicial que señala que ya no es un delito. Pero la realidad para algunas mujeres es otra y en el camino encuentran barreras para acceder a ese derecho, según advierten organizaciones feministas.
Una mujer desistió de abortar ante los obstáculos que encontró. Al acudir a un centro de salud e informar su decisión de interrumpir el embarazo, un médico con gritos le reclamó que ella “no era Dios, que por qué mi mamá no me había abortado a mí”, relató a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que brinda servicios gratuitos de asesoría legal que registró su caso en un informe sobre la implementación de la sentencia de la Corte publicado en mayo.
Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó a la AP que la protesta pretende abonar en la conversación pública en la despenalización social del aborto, uno de los mayores retos que enfrentan las defensoras del aborto legal en Colombia, un país tradicionalmente católico.
Castro asegura que las barreras incluyen el desconocimiento del marco legal vigente, que señala que la sentencia es de obligatorio e inmediato cumplimiento y que a menudo los centros médicos suelen tardar más de los cinco días que ordena la ley para dar acceso.
La vocera señala que quienes viven en las zonas rurales del país no suelen encontrar información oportuna y los médicos están menos capacitados con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para interrumpir el embarazo. “En ese sentido, las mujeres terminan por acudir a los servicios de aborto seguro más tarde de lo que hubieran podido acudir”, agregó.
También denuncia un mal uso del derecho de la objeción de conciencia -con la que se pueden negar a realizar el proceso por motivos éticos- por parte de empresas prestadoras de salud o colectivos médicos. Castro indicó que la objeción de conciencia es un derecho individual que debe pedir cada médico.
Para las mujeres migrantes venezolanas las barreras aumentan, según explicó a la AP Juliana Martínez Londoño, doctora en Ciencias Humanas y Sociales e integrante del Movimiento Causa Justa. Además de enfrentar xenofobia y frases como “ella se lo buscó” o “quién la manda a estar en Colombia”, provienen de un contexto de alta vulnerabilidad, expuestas a la trata de personas o a la prostitución. Algunas han caminado por días atravesando el país sin documentos legales y su acceso a los métodos anticonceptivos son limitados.
A partir de la semana 24 de gestación, Colombia permite interrumpir voluntariamente los embarazos bajo tres causales: cuando constituye un riesgo para la vida y salud de la mujer, cuando hay una grave malformación del feto y cuando el embarazo sea resultado de violencia sexual o incesto.
