El triunfo electoral de Giorgia Meloni en Italia y la probabilidad de que se forme el primer gobierno de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial han despertado temor entre los veteranos de las luchas por los derechos civiles que ganaron batallas por el divorcio y el aborto, así como entre los que aún luchan por el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras libertades.
Preocupadas de que la oleada conservadora que salió a la luz en las elecciones legislativas del domingo erosionen derechos civiles ganados en arduas luchas, las mujeres italianas están organizando actos para elevar la voz en defensa del derecho de aborto.
Las organizadoras temen que el partido de Meloni, Hermanos de Italia, lance “una tríada de políticas por 'Dios, patria y familia'”, en alusión a su manifiesto político.
Ello impondría “roles de género rígidos y asignaría a las mujeres la tarea de reproducción y crecimiento de una nación blanca, patriarcal y heterosexual”, dijeron las organizadoras al anunciar los actos contra el plan de gobierno de Meloni, quien sería la primera premier de extrema derecha de la posguerra y la primera mujer en el puesto.
Emma Bonino, acaso la activista por los derechos civiles más famosa de Italia, perdió su banca en el Senado a una concejal romana de Hermanos de Italia, el partido fundado por Meloni hace una década, que exalta la maternidad y la familia “tradicional” y desdeña a los activistas por los derechos LGBTQ, a quien califica de “cabilderos”. El principal lema de campaña de Lavinia Muninno fue elevar la tasa de natalidad.
Bonino dijo por teléfono a la AP que estaba demasiado ocupada con la preparación de un pedido de recuento de votos de la elección reñida como para hablar de derechos civiles. “Además, ya lo dije todo” en la campaña, acotó. Bonino expresó el temor de que Meloni dificulte el acceso al aborto.
Italia permite el aborto libre durante las primeras 12 semanas de embarazo, o después si la salud o la vida de la madre corre peligro.
Antes de la elección del 25 de setiembre, Meloni dijo que respetaría la ley de aborto de 1978, pero que impulsaría medidas de ayuda económica a las mujeres que optan por dar a luz en lugar de obtener un aborto.
