CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador salió el viernes en defensa de la Fiscalía General de la República, señalada por un grupo de expertos internacionales de obstruir las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, y aseguró que esa institución siempre ha colaborado con el proceso.
“No tengo un sólo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina al defender al titular de ese departamento.
El octavo aniversario esta semana de la desaparición de los alumnos de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ha estado rodeado de confusión y la polémica tras la filtración a la prensa del contenido del informe de una comisión gubernamental, el retiro de las órdenes de captura de 21 presuntos involucrados, entre ellos 16 militares, y la renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso, Omar Gómez Trejo.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que su trabajo fue obstaculizado Gertz Manero. Además de bloquear órdenes de captura contra esas 21 personas, la fiscalía dejó a la unidad de Gómez Trejo sin policías y fue relegada en asuntos clave como la judicialización del caso contra el ex procurador general Jesús Murillo Karam, arrestado en agosto y acusado de inventar una realidad paralela de los hechos basada en torturas y manipulación de pruebas.
Su apresurado procesamiento, indicaron los investigadores, podría poner en riesgo que se logre una sentencia.
Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados pero sólo se encontraron los restos de tres de ellos. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que intentaron secuestrar los estudiantes para usarlo en sus protestas estaba vinculado con el tráfico de droga.
El presidente reiteró también su apoyo a la Secretaría de la Defensa y aseguró que los militares han entregado a la Comisión de la Verdad toda la información que ha solicitado, tal como él se los ordenó.
Pero esa entidad es una cosa y el grupo de la CIDH otra.
Los expertos denunciaron que pese a esa orden presidencial el ejército no sólo les sigue vetando el acceso a documentos de un centro regional de inteligencia que intervenía comunicaciones en Iguala en tiempo real en 2014, sino que les negó la existencia de tal centro aunque documentos oficiales lo mencionan.
El grupo también manifestó dudas sobre algunos datos del último informe de la Comisión de la Verdad, en concreto sobre el origen de capturas de pantalla de conversaciones entre miembros del cártel local. Han pedido un peritaje de las mismas.
Con cuatro militares bajo proceso, la implicación del ejército en los hechos ya no está en duda pero está por verse si se trata de actuaciones individuales, como insiste el presidente, o si la infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas va más allá.
El juicio penal contra esos militares, aclararon los investigadores internacionales, no está vinculado con los datos publicados por la Comisión de la Verdad sino con documentos y pruebas sólidas obtenidas por la unidad del exfiscal Gómez Trejo.
Las órdenes de aprehensión que fueron canceladas también estaban sustentadas en el trabajo de dicha unidad previo al informe de la Comisión.
El mandato del grupo de la CIDH terminó este viernes. Según dijeron sus miembros, el presidente López Obrador quiere que continúen investigando pero todavía no está claro si lo harán porque para ello pidieron que se garantice la independencia de la unidad especial del caso Ayotzinapa que no se respetó con Gómez Trejo.
