MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La demanda, presentada en agosto del año pasado, señalaba a fabricantes tan destacados como Smith & Wesson o Century Arms de tráfico ilegal en territorio mexicano, tras estimar que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas de los crímenes cometidos en México fueron traficadas desde Estados Unidos.
Por contra, el magistrado responsable de la causa, Dennis Saylor, ha dictaminado que los demandados cuentan con sus permisos adecuados, y la consiguiente protección de la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA en inglés).
Saylor ha indicado que la ley federal de EEUU prohíbe "inequívocamente" las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando las personas usan sus productos para el propósito previsto. Si bien esta ley contiene varias excepciones limitadas, el magistrado ha decidido no aplicar ninguna para este caso.
El asesor jurídico del Ministerio de Exteriores de México, Alejandro Celorio, ha avanzado en rueda de prensa recogida por el portal Sin Embargo que el dictamen del tribunal es solo el "primer round" dentro del procedimiento legal impulsado por el Gobierno mexicano, que pretende apelar la decisión.
"Esta demanda del Gobierno mexicano ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la experiencia de violencia en México y la región", ha añadido por su parte el Ministerio en un comunicado.
La violencia en México lleva desatada desde mediados de la década de 2000. Según estimaciones oficiales, al menos 340.000 personas han sufrido una muerte violenta en el país desde 2006, cuando el Gobierno mexicano desplegó a las Fuerzas Armadas para luchar contra los cárteles de la droga.
