CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Esta semana, el economista nicaragüense exiliado Javier Álvarez fue sorprendido por una “terrible” noticia: su esposa, su hija y su yerno, detenidos hace 20 días por el gobierno de Daniel Ortega, habían sido formalmente acusados de graves delitos en los tribunales de Nicaragua.
Jeannine Horvilleur, de 63 años, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43, ambas de doble nacionalidad nicaragüense-francesa, y el esposo de la última, Félix Roiz, fueron sacados de sus casas por la Policía nicaragüense el 13 de septiembre y arrestados sin mediar orden judicial, asegura.
El gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos, y al parecer ya no se conforma con llevarlos al exilio, sino que ahora acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018. Decenas más han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
“Cuando el domingo pasado supe que en el sistema del Complejo Judicial ya estaba la acusación, sufrí uno de los golpes más duros, el mundo se me vino encima”, afirmó Álvarez en entrevista con The Associated Press. El primer golpe —señaló— fue enterarse de la captura de sus familiares, ya estando él en Costa Rica, donde fue forzado a exiliarse.
“Aquel momento fue sumamente cruel, yo en un país libre y en libertad, y mi familia detenida”, señala. Dice que tenía la esperanza de que ellos sólo fueran interrogados y liberados, ya que, según asegura, ninguno realizaba actividades políticas. Su hija y su yerno ingeniero manejaban juntos una pequeña empresa.
Dos días después de la captura, Álvarez, de 67 años, recibió un mensaje de la Policía que indicaba que sus familiares estaban encerrados en la cárcel policial de El Chipote “y que no saldrían hasta que yo me entregara”.
Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) este caso revela “un nuevo patrón de secuestro extorsivo” utilizado por el gobierno sandinista para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados. “Los tomaron como rehenes”, tuiteó la ONG.
Álvarez no tiene militancia política y se define como un ciudadano opositor.
Este caso también coincidió con redadas policiales denunciadas por el partido opositor UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), cuyos cuatro máximos líderes están presos y uno murió en prisión, el excomandante guerrillero Hugo Torres, fallecido en febrero pasado.
En un caso parecido al de Álvarez, las autoridades nicaragüenses detuvieron a Freddy Martín Porras, hermano de la dirigente de UNAMOS Dulce María Porras, de 71 años y que se exilió en Costa Rica en 2018, cuando fue perseguida por participar en la revuelta social contra el gobierno.
“Están secuestrando a nuestros familiares al no poder capturarnos a nosotros. Es una actuación criminal”, dijo Porras consultada por la AP. Aseguró que su hermano también participó en protestas contra el gobierno, pero desde hacía tiempo “no estaba activo en política” y se dedicaba a vender medicinas.
Sin embargo, al igual que la familia de Álvarez, Porras fue acusado de “propagación de noticias falsas”. Además, se le imputa el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Otro caso similar es el de Gabriel López Del Carmen, hijo de la comunicadora Andrea Margarita Del Carmen Ibarra, detenido el 14 de septiembre cuando se encontraba en casa de su madre. A ambos los acusan de “conspiración” y contra ella el gobierno giró orden de captura.
Para el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, con sede en Costa Rica, la captura de familiares de personas perseguidas evidencia “un patrón de acciones arbitrarias e inconstitucionales”.
Se trata de un “comportamiento delincuencial” sin precedentes en Nicaragua y que “supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que, según el Código Penal, es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria”, indicó el Cenidh en una declaración pública.
Por los mismos delitos (conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas) fue acusado el 21 de septiembre el grupo de religiosos que acompañaba al obispo de Matagalpa (norte) Rolando Álvarez, cuando la policía sitió la diócesis de esa ciudad.
Ellos son cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, según se informó el martes. Los siete están recluidos en la cárcel de El Chipote, mientras que Álvarez se encuentra bajo arresto domiciliario aunque se desconocen detalles sobre su estado de salud y situación en general.
El economista Álvarez asegura que vive con “una angustia casi inmanejable” y que piensa buscar ayuda psicológica. “Me han dejado sin familia”.
Confiesa que cuando la Policía ofreció excarcelar a sus familiares, él tuvo el impulso de “regresar y entregarme”, pero sus amigos y abogados le aconsejaron no hacerlo, pues no existe “ninguna seguridad de que los van a liberar” y quedarían todos presos.
Álvarez ha presentado denuncias ante el gobierno de Francia, ante organismos humanitarios locales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Nicaragua vive inmersa en una crisis política desde abril de 2018, cuando la represión de policías y paramilitares que sofocaron las protestas dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH.
La oposición asegura que en Nicaragua hay por lo menos 205 “presas y presos políticos”, de los cuales 22 son mujeres y una veintena son mayores de 60 años. El gobierno atribuye esa rebelión a “un fallido golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos.
