CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno mexicano planea presentar otra demanda contra compañías estadounidenses de las que dice son responsables del flujo de armas ilegales a México, anunció el miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Ebrard dejó entrever que la nueva demanda podría estar dirigida contra tiendas o distribuidores de armas en estados fronterizos con México, como Arizona, los cuales venden armas a “prestanombres” que las entregan a traficantes, quienes a su vez las llevan al país latinoamericano.
El canciller dijo que se cree que aproximadamente el 60% de las armas incautadas en México en los últimos años se vendieron en 10 condados de Estados Unidos, la mayoría a lo largo de la frontera. México tiene restricciones muy estrictas sobre la posesión de armas, pero a pesar de ello la violencia de los cárteles del narcotráfico ha costado cientos de miles de vidas en el país en los últimos años.
“México va a presentar la segunda demanda, en este caso va a ser en Arizona, y vamos a demostrar que, en muchos de estos puntos donde se venden estos productos en esos condados que les acabo de decir, están operando prestanombres, y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales”, señaló Ebrard en una comparecencia ante el Senado mexicano.
Una ley estadounidense promulgada recientemente señala que las compras mediante prestanombres son un delito, y establece sentencias de hasta 15 a 25 años de cárcel si el delito está relacionado con el tráfico de drogas.
Ebrard efectuó el anuncio varios días después de que un juez federal estadounidense desestimara la primera demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos. El canciller dijo que México apelaría esa decisión.
El juez dictaminó que las reclamaciones del gobierno mexicano no estaban por encima de la amplia protección que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, les proporciona a los fabricantes de armas.
Dicha ley protege a los fabricantes de armas de los daños y perjuicios “resultantes del uso criminal o ilícito” de un arma de fuego.
México buscaba una compensación de al menos 10.000 millones de dólares, pero expertos jurídicos consideraban que la demanda tenía pocas posibilidades de prosperar.
El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que, tan sólo en 2019, al menos 17.000 homicidios en México estaban relacionados con armas traficadas.
