La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó su propuesta para la creación de una Ley General de Ciberseguridad.
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Se trata de una propuesta de la diputada Juanita Guerra Mena, que plantea todo el marco normativo para prevenir y combatir este flagelo. En la exposición de motivos, se advierte que la ciberseguridad representa el mayor reto del derecho penal en México.
“La ordenación de nuevos tipos penales a partir de la implementación de todo un ecosistema tecnológico que involucra prácticamente todas las esferas de nuestra vida, se convirtió en uno de los mayores retos para la ciencia del derecho en el Siglo XXI”, señala la iniciativa.
Con la nueva Ley, se busca regular las conductas de la persona desde una perspectiva virtual, por lo que se incorporan al lenguaje normativo conceptos como internet, web, host, malware, fireware, hackeo y en general, una compleja nomenclatura que para efectos jurídicos deberá tener su correspondiente equivalencia.
Se estima que México es el noveno país más afectado por el crimen cibernético. En América Latina solo es superado por Brasil.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en 2017, cada hora se cometían 463 fraudes cibernéticos en operaciones por comercio electrónico y banca móvil. En 2018, las pérdidas por este delito sumaron cuatro mil 412 millones de pesos.
Se pierden alrededor de 9 mmd anuales por delitos cibernéticos
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) revelan que se pierden alrededor de 9 mil millones de dólares anuales por delitos cibernéticos.
Incluso, los propios sitios del Gobierno Federal como Pemex; las secretarías de Economía, Hacienda y del Trabajo y Previsión Social han sufrido ataques.
Entre enero y junio de 2020 se han registrado 3.1 millones de intentos de ciberataque. De acuerdo con la Dirección General Científica de la Guardia Nacional hubo una disminución del 12% en la actividad maliciosa en internet durante el periodo de diciembre de 2019 a febrero de 2020. Sin embargo, esta cifra incrementó un 14% durante los meses de marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria. En cuanto a la pornografía infantil, la Guardia Nacional calculó un incremento del 73% durante el mismo periodo.
La iniciativa señala que la función de Ciberseguridad es una vertiente de la Seguridad Pública.
“Y es responsabilidad del Gobierno Federal, en colaboración con las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México y sus habitantes para la prevención, investigación y persecución de los ciberdelitos, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a ciberriesgos, ciberamenazas y ciberataques que atenten contra los derechos, libertades, integridad personal, bienes y entorno”, expone.
La ciberseguridad como vertiente de la Seguridad Pública
Establece que las autoridades en materia de Ciberseguridad son el Presidente de la República; el Consejo Nacional de Seguridad Pública; la o el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; así como la o él fiscal general.
Agrega que las Entidades Federativas serán colaboradoras en la prevención del ciberdelito y en la formación de una cultura de la Ciberseguridad en las comunidades de sus respectivos Municipios y Alcaldías, mientras que las dependencias, organismos y entidades de la administración pública, las empresas de Ciberseguridad, y las asociaciones civiles, entre otros grupos, “serán auxiliares en materia de Ciberseguridad, cuando sean requeridos por algunas de las autoridades en el cumplimiento de sus atribuciones”.
El texto completo de la iniciativa, fue publicado este jueves en la gaceta parlamentaria. Será turnada a comisiones para su posterior debate en el pleno.
