MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
"A propósito de la infame Resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que renueva el hostil mecanismo de monitoreo denominado Misión de Determinación de los Hechos, Venezuela ratifica que no reconoce ninguna maniobra de tutelaje que pretenda vulnerarnos", ha apuntado el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faria, en un mensaje publicado en Twitter junto al comunicado oficial.
"Se ha cometido un nuevo atropello contra Venezuela, renovando una misión que carece de toda credibilidad. Está diseñada para el intervencionismo y para la falsificación de la realidad. Esta comisión es un instrumento político para la difamación más descarada en temas de los DDHH", ha añadido el Ministerio.
Para Faria esta decisión tiene un "carácter colonialista". "Es una vieja costumbre de las potencias imperialistas, como los EEUU y la UE, presionar al resto del mundo con infames posturas colonialistas. En este caso, utilizan el manoseado expediente de los DDHH", ha indicado.
"No le perdonan a Venezuela el desarrollo social alcanzado sobre la base de la independencia, avance gravemente afectado por el bloqueo criminal de estas potencias", añade. "Tampoco nos perdonan haber derrotado la brutal política de 'cambio de régimen'. No hay chantaje que detenga a nuestro pueblo en su determinación de ser soberano", prosigue.
De los 47 Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son 19 los que han apoyado esta prórroga, por los cinco que han votado en contra --la propia Venezuela, Cuba, Bolivia, China, Eritrea--, mientras que el resto se han abstenido.
La decisión también ha sido aplaudida por la ONG Human Rights Watch (HRW), que la considera "un paso fundamental" para que haya rendición de cuentas por los "delitos graves" que se habrían cometido en Venezuela.
HRW ha recordado que esta misión independiente de Naciones Unidas ha publicado ya cuatro informes que considera "lapidarios", ya que en ellos se dejaría constancia de "crímenes de lesa humanidad" con la "complicidad judicial".
Las pruebas que ha reunido hasta ahora la misión de Naciones podrían contribuir a una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que desde noviembre de 2021 hace seguimiento de cara a establecer posibles responsabilidades individuales por crímenes internacionales.
