CARACAS (AP) — Venezuela rechazó el miércoles la decisión de un juez federal estadounidense que aprobó el proceso de venta de acciones de las refinerías de Citgo, la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de una compensación de 1.400 millones de dólares a la compañía minera canadiense Crystallex por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones ejecutadas durante la administración del hoy extinto presidente Hugo Chávez.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro catalogó el fallo como ilegal y acusó al juez Leonard P. Stark, de la Corte del Distrito de Delaware, de tomar una decisión “viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad”.
El juez Stark estableció los procedimientos de licitación y venta de las acciones; dio autorización para la contratación de una banca de inversión para ese fin. También dirigió un escrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que tome una decisión sobre la venta de acciones.
Citgo tiene actualmente la protección del Departamento del Tesoro, que bloqueó las transacciones de sus acciones el año pasado, luego que Stark aprobó la venta de una parte de las acciones de la filial venezolana para pagar a Crystallex inicialmente 970 millones de dólares.
La protección de Citgo se deriva del reconocimiento dado por Washington al líder opositor Juan Guaidó, luego que el político venezolano, en su condición de jefe de la pasada Asamblea Nacional, se declaró presidente interino en 2019, argumentando que Maduro fue reelecto en mayo del 2018 en unos comicios considerados fraudulentos. Actualmente, Citgo está bajo el control de Guaidó.
En el comunicado, Venezuela alertó que la decisión sienta “un peligroso precedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense, en el que se desconoce el derecho de un Estado soberano sobre sus activos e intereses patrimoniales”.
El entonces gobierno de Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A comienzos de 2009, Chávez ejecutó la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones mineras canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
Crystallex pasó años tratando de negociar un acuerdo con Venezuela, antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que se puso del lado de la firma canadiense. Caracas apeló vigorosamente.
Citgo tiene tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, entre otros activos con un valor estimado de 8.000 millones de dólares. Crystallex no obtendrá la totalidad de Citgo, pero Venezuela podría verse obligada a liquidarla para cumplir con la orden judicial.
