MIAMI (AP) — Un ex ministro de Economía de Guatemala que se había declarado culpable de asociación ilícita para lavar dinero fue condenado el lunes a un año de prisión en una corte federal del sur de la Florida.
En una audiencia de alrededor de una hora en los tribunales de Miami, el juez federal José Martínez sentenció a Asisclo Valladares Urruela a 12 meses y un día de cárcel, seguidos por tres años de libertad supervisada. El magistrado recomendó que el exministro guatemalteco permanezca en una prisión federal de Miami.
Valladares Urruela había sido acusado en 2020 de ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares por al menos cuatro años.
Por lo general los extranjeros son deportados a su país de origen una vez que terminan su condena, sin tener que permanecer para cumplir con libertad supervisada.
Según una investigación del FBI y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Valladares permitía el comercio de drogas ilegales creando una demanda de dinero que no podía ser rastreada y que él utilizaba para sobornar a políticos corruptos de su país.
Valladares, un abogado que se desempeñó durante el gobierno del presidente guatemalteco Jimmy Morales, está prófugo de la justicia de su país. Allí está acusado de asociación ilícita y lavado de dinero.
El exfuncionario perdió la inmunidad el 14 de enero de 2020, cuando Morales dejó el poder.
En 2019, una comisión investigadora del Congreso decidió no quitarle la inmunidad que ostentaba como ministro, luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusara de pagar sobornos a diputados a cambio de que aprobaran leyes a favor de la empresa de telefonía Tigo, para la que laboraba. Los diputados dijeron que la acusación era espuria y no tenían pruebas.
Valladares Urruela aún tiene una orden de aprehensión vigente por un caso de lavado de activos y asociación ilícita. Según la investigación se identificó una red vinculada al ejercicio del poder en distintos periodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades offshore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.
En el caso de Valladares Urruela se determinó que acciones de una compañía que se adquirieron con sobornos se encontraron en poder y administración del exministro.
