MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Con 172 votos en contra y 139 a favor, la Cámara Alta se ha opuesto a esta primera iniciativa, firmada por 118 senadores de siete de los ocho grupos políticos, a excepción de Los Republicanos, que cuenta con la mayoría, según ha recogido el diario 'Libération'.
La medida, promovida por la ecologista Mélanie Vogel, pretende completar el derecho al aborto en la Constitución, agregando una disposición constitucional que asegure que "nadie puede vulnerar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la anticoncepción".
El derecho al aborto está actualmente consagrado en el Código de Salud Pública y contempla que "una mujer embarazada que no quiera continuar con un embarazo puede pedirle a un médico o a una partera que lo interrumpa".
Asimismo, dicho artículo, el 2212-1, contempla que "toda persona debe estar informada sobre los métodos de aborto y tiene derecho a elegir uno libremente". "Esta información es responsabilidad de todos los profesionales sanitarios en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de las normas profesionales que les son de aplicación".
"La idea es evitar que el legislador ponga obstáculos, en particular económicos, al aborto, y mantener el carácter incondicional del aborto, que sólo requiere la voluntad de la mujer", ha defendido, según ha recogido el diario 'Le Monde'.
El Senado ha iniciado con esta votación el primero de tres debates parlamentarios previstos sobre la constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Otra de las propuestas, cuya votación está prevista para noviembre de la mano de Renacimiento, contempla una modificación de una sola frase: "Nadie puede ser privado del derecho al aborto".
Una tercera propuesta similar a la impulsada por la ecologista Vogel, de Europa Ecología Los Verdes, será debatida también el próximo 24 de noviembre firmada por La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes).
La Asamblea Nacional de Francia aprobó el pasado mes de febrero, con 135 votos a favor y 47 en contra, una ampliación de dos semanas del plazo legal para abortar, que pasará así de las doce a las catorce semanas de gestación.
