BOGOTÁ (AP) — Los cultivos de hoja de coca aumentaron sustancialmente en Colombia en 2021 y llegaron al nivel histórico de 204.000 hectáreas sembradas, rompiendo la tendencia de reducción de los últimos tres años, reveló el jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El aumento del área sembrada fue de 43%, superando así las 143.000 hectáreas registradas en 2020 y el punto más alto de la serie histórica que se había documentado hasta el momento en 2017, con 171.000 hectáreas.
Candice Welsch, directora regional UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, señaló al presentar el informe que creció en un 14% el potencial de producir clorhidrato de cocaína al llegar a 1.400 toneladas anuales, manteniendo la tendencia de incremento que se viene consolidando desde 2014 en el país.
“Nuevamente la cifra más alta de los 22 años de monitoreo de UNODC”, resaltó Welsch.
El ministro Justicia colombiano, Néstor Osuna Patiño, aseguró que el informe es una muestra evidente del “fracaso de la guerra contra las drogas” hablando en el mismo sentido en que lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, quien plantea reformular la lucha contra el narcotráfico.
Osuna hizo hincapié en que la nueva política de drogas que están formulando en el gobierno no incluye la legalización de la cocaína. En cambio, priorizará la pacificación de territorios, el trato no penal a los campesinos cultivadores de coca y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
La apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos que se reemplazan por proyectos productivos legales, precisó el ministro, corresponde al nivel de éxito que tiene en comparación a cuando es forzada con la fuerza pública. Cuando es voluntaria la resiembra de los cultivos ilícitos es del 0,8%, mientras que cuando es forzosa asciende al 40%.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, señaló a The Associated Press que el informe demuestra que la estrategia del gobierno anterior de Iván Duque (2018-2022) no funcionó pese a obtener niveles históricos de erradicación e incautación de cocaína, lo cual abre las posibilidades para el gobierno de Petro, cuya estrategia podría dar mayor estabilidad a los campesinos al ofrecerles un proyecto de vida.
El reto para el gobierno de Petro estaría en lograr acuerdos rápidos con las comunidades donde hay cultivos para evitar que se sigan expandiendo, como parte del diálogo que se está promoviendo recientemente, y recobrar la confianza de las comunidades que se comprometieron a dejar la coca, según explicó Pedro Arenas, experto en temas de drogas y parte de la organización no gubernamental Viso Mutup, quien también cree que se debe reconsiderar continuar con la erradicación forzada dada su baja efectividad.
Los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios históricamente afectados. El 62% de ellos están en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
El incremento en la productividad de cultivos ilícitos se debe, según el informe, a la mayor eficiencia en la utilización de agroquímicos, la disminución de los costos de producción agrícola, la facilidad de acceso a mano de obra y la ubicación estratégica que tienen para el tráfico en territorios fronterizos o con salida al mar.
Welsch señaló como factores importantes que están creando nuevas condiciones para la producción de coca en Colombia el aumento de la demanda global de cocaína, las crisis económicas y una implementación incompleta de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
En los últimos años los grupos armados ilegales han cambiado su rol, se han diversificado, ya no son unos pocos predominantes sino decenas de estructuras criminales organizadas y traficantes.
El informe advirtió, además, que los cultivos ilícitos continúan amenazando la biodiversidad. Cerca del 50% de la coca está en zonas de manejo especial, es decir, en parques nacionales naturales, reservas forestales y resguardos indígenas y de comunidades afrodescendientes.
