LA PAZ, Bolivia (AP) — El oficialismo boliviano llamó a sus militantes a movilizarse contra una huelga convocada por organizaciones opositoras en rechazo a la decisión del presidente Luis Arce de aplazar dos años un censo que redefinirá la distribución de escaños en el Legislativo.
Organizaciones cívicas de Santa Cruz, la región más prospera situada en el oriente y bastión opositor, han llamado a un paro por tiempo indeterminado desde el sábado para exigir que el censo se realice el próximo año y no en 2024. En contrapartida, sindicatos afines al gobierno convocaron a protestas para definir medidas contra la huelga.
Según varios analistas el trasfondo de la disputa es que un nuevo censo le daría a esa región mayor representación legislativa y le permitiría tener más peso en las decisiones políticas. El gobierno de Arce busca demorar el empadronamiento para que la nueva redistribución no merme su fuerza política en las elecciones presidenciales de 2025.
“Vamos a exigir que nos dejen trabajar y el gobierno debe garantizar la libre circulación en las calles. Si hay violencia será culpa de los que están convocando al paro”, dijo el jueves en rueda de prensa Rolando Borda, líder de la Central Obrera en Santa Cruz, ante la convocatoria de paro que amenaza con paralizar esa ciudad con bloqueos de avenidas y calles. Borda es militante del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
El ministro de Obras Publicas Edgar Montaño dijo el jueves que el paro en Santa Cruz busca desestabilizar al gobierno de Arce y anunció que saldrá a las calles para evitar los bloqueos anunciados por los opositores.
Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder opositor, acusó al gobierno de postergar el censo por “motivos políticos” para evitar que su región logre más recursos estatales y representación política.
“El paro durará hasta que el gobierno garantice un censo en 2023. No vamos a retroceder un centímetro. Un nuevo censo garantizará a Santa Cruz mejor salud, mejor educación”, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, organización que ha llamado al paro.
Según Calvo, un censo en 2023 permitirá “tener un nuevo padrón electoral ya que el actual está viciado y fue causante del fraude electoral en 2019”.
La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció fraude en las elecciones de 2019 en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo. Un estallido social contra el supuesto fraude dejó 37 muertos en más de un mes de protestas y forzó la renuncia de Morales, quien actualmente es jefe del MAS.
Tras un interinato de un año el MAS recobró el gobierno en los comicios de 2020 con Arce, quien ahora afronta críticas de Morales, su mentor político, en un clima de crecientes protestas por la situación económica del país.
En tanto, organizaciones patronales y la Conferencia Episcopal de Bolivia han convocado a las partes a buscar el diálogo para evitar una posible confrontación callejera y perjuicios a la economía.
