BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia se acerca a la imposición de las primeras sanciones tras concluir que un grupo de 10 militares y un civil aceptaron su responsabilidad en los casos conocidos como “falsos positivos”, en los que algunos miembros del ejército asesinaron a civiles y los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.
El presidente del Tribunal de Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró el viernes a la prensa que la decisión “marca un hito” en la justicia colombiana y que a partir de ahora se activa la competencia judicial del Tribunal en ese caso de “falsos positivos” para que se dicte la primera sentencia en los próximos meses.
El Tribunal de Paz o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creado tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de cinco décadas de confrontaciones. Ante la JEP comparecen miles de exguerrilleros, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.
En la decisión del viernes el Tribunal concluyó que los 10 militares y un civil pueden recibir sanciones propias, es decir, que no implican ir a la cárcel pero sí restricciones de libertades y derechos de residencia y movimiento que serán monitoreadas y verificadas por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Se trata de sanciones que pueden durar hasta ocho años y tienen un componente restaurativo, es decir, que tratarán de reparar a las víctimas y la sociedad con proyectos y acciones que dignifiquen la memoria de sus familiares.
Por primera vez la JEP dio a conocer las propuestas de sanción que se construyeron entre los victimarios y las víctimas, que incluyen un documental, un parque memorial de las 6.402 víctimas de los “falsos positivos” y una exposición en el Museo Nacional de la Memoria de Colombia -actualmente en construcción- que cuente cómo sucedieron los crímenes.
Los militares imputados propusieron ir a las escuelas de formación de soldados para que conozcan por qué sucedieron los “falsos positivos” con el fin de evitar que la historia se repita. También darán una contribución económica para que las víctimas cubran las deudas que tienen en los cementerios privados donde reposan los restos de sus hijos.
Los testimonios de los militares ayudaron a documentar los crímenes en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. En audiencias ante las víctimas revelaron cruentos detalles de sus operaciones ilegales.
Néstor Guillermo Gutiérrez, quien fuera cabo primero del ejército, confesó que tenía una colaboradora en un pueblo con la que elaboró una “lista negra” de las víctimas que eran elegidas para ser asesinadas y luego buscar recompensas.
“Todos sabíamos lo que estábamos haciendo, cuándo llegaba un arma, cuándo tenían localizado el sujeto que íbamos a dar de baja (matar), porque todos sabíamos que detrás de esa muerte venía un permiso”, declaró al Tribunal.
También quedó en evidencia la forma en que conseguían a las víctimas. Rafael Urbano Muñoz, antiguo sargento segundo, confesó que por varios días convenció a una de sus víctimas de acompañarlo con engaños ofreciéndole un trabajo bien remunerado en el ejército, para luego entregarlo para que lo asesinaran.
El testimonio de Gabriel de Jesús Rincón, exteniente coronel, sirvió al Tribunal para corroborar cómo simulaban los combates: las armas que eran puestas a los cadáveres de las víctimas eran disparadas sobre chalecos antibalas de miembros del ejército para que ellos pudieran reportar que se trataba de un ataque a la guerrilla y luego vestían a las víctimas como guerrilleros. Algunas veces las víctimas tenían las botas puestas al revés o que no eran de su talla de zapato.
El Tribunal de Paz calcula que la cifra de víctimas de “falsos positivos” asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
