SAN SALVADOR (AP) — Siete organizaciones sociales informaron el viernes que han logrado documentar más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos durante los primeros seis meses de vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las maras o pandillas.
El gobierno del presidente Nayib Bukele responsabiliza a esos grupos de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano y ha logrado prorrogar ese régimen a pesar de los cuestionamientos de los activistas sociales y de derechos humanos.
De acuerdo con un informe presentado a la prensa, las organizaciones dan cuenta de personas que según dice han sido víctimas de abuso de la policía y los militares, con detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones. Detalló que lograron documentar 4.071 denuncias desde el 27 de marzo al 30 de septiembre.
El informe fue elaborado por Cristosal, la Fundación para la Aplicación de Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de los Derechos Humanos, AMATE, AZO, y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Ante las críticas de las ONG nacionales e internacionales que han pedido un mejor trato para los reclusos, el presidente Bukele respondió que si bien los reos tienen derechos humanos, “son más importantes los derechos humanos de la gente honrada que la de los delincuentes”.
Según el informe de las organizaciones, uno de los estigmas sociales más evidentes bajo el régimen de excepción es el que viven los jóvenes y que impacta en sus posibilidades de acceder a derechos básicos como a la educación, el trabajo y la salud, agrega. La mayoría de las víctimas registradas en las denuncias oscilan entre los 18 y 30 años de edad.
Detallaron que la mayor parte de las denuncias son por detenciones arbitrarias, y señalan a la Policía Nacional Civil como el mayor victimario con un 76,1% de los casos.
Cristosal asegura que tiene reportes de 105 personas desaparecidas, cuyas familias desconocen el paradero tras las capturas y al momento de interponer la denuncia. También afirma tener documentado que 80 personas han fallecido cuando se encontraban bajo custodia del Estado.
Las organizaciones hicieron un llamado a detener lo que consideran injusticias y arbitrariedades por la falta del debido proceso y abusos de poder de las autoridades.
El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo a pedido del presidente Bukele luego que se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
El estado de excepción limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El régimen de excepción fue extendido por última vez el 14 de octubre, y las autoridades adelantaron que seguirán pidiendo más prorrogas hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.
Con el régimen de excepción, las autoridades dicen haber capturado a más de 55.000 pandilleros y que 850 personas ya han sido liberadas desde que la medida fue aprobada.
