MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de la entidad, Anxo Queiruga, ha explicado que "ante la reducción que se ha producido en la recaudación de la que provienen los fondos para estas subvenciones", desde COCEMFE y desde el movimiento asociativo de la discapacidad, entienden "la imposibilidad de mantener las cifras de otros años", pero no "que el recorte no sea equitativo y que solo afecte a las organizaciones de personas con discapacidad por segundo año consecutivo".
"Los recortes en financiación que el Gobierno aplicará en 2023 a las entidades de discapacidad pondrán en grave riesgo los proyectos desarrollados por las diferentes entidades y ONG", ha destacado Queiruga, alertando de "la desaparición de las organizaciones de discapacidad física y orgánica de ámbito estatal si estos recortes se llevan a cabo y no se adoptan medidas para garantizar una financiación estable".
A juicio de la Confederación, los problemas que dichos recortes pueden generar en la población más vulnerable y, en concreto en las personas con discapacidad física y orgánica, se verán acentuados ante la situación económica actual que está impactando de forma más severa sobre las personas con discapacidad, a lo que se añadirá la destrucción de puestos de trabajo en COCEMFE y su movimiento asociativo.
LA "ÚNICA HERRAMIENTA" PARA MUCHAS PERSONAS
"Los proyectos y servicios que desarrollamos las entidades son la única herramienta que tienen muchas personas para impedir que impacte de lleno sobre ellas la crisis económica y social que arrastramos de la pandemia de la Covid-19, que se está acentuando desde hace más de un año con la inflación y ante un futuro incierto de posible recesión que por experiencia sabemos que siempre afecta en mayor medida a nuestro grupo social", ha recordado el presidente de COCEMFE.
Desde COCEMFE tampoco se entiende esta decisión "sin una alternativa que atienda las necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica" que, según ha explicado, son "únicamente prestadas por las organizaciones".
Además, recuerda que esta decisión se adopta el mismo año en que se ha publicado la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia en la que se refleja un aumento del número de personas con discapacidad en España de 530.000 personas, hasta alcanzar a 4,3 millones de personas en España en edad de trabajar.
"Gracias a nuestro trabajo más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica y sus familias en España ahora también cuentan y tienen oportunidades y, aunque se han logrado muchos hitos, aún queda mucho para vivir en una sociedad plenamente inclusiva", ha afirmado Queiruga.
