LA PAZ, Bolivia (AP) — Una persona murió el sábado en Bolivia en un choque entre manifestantes en el primer día de un paro que declaró la provincia oriental de Santa Cruz contra el gobierno del presidente Luis Arce para exigir la realización de un censo de población el próximo año.
La ciudad de Santa Cruz, la más prospera de Bolivia y bastión opositor, estaba paralizada el sábado, sin transporte, con los mercados y comercios cerrados y con las avenidas y calles bloqueadas por manifestantes que rechazan la decisión del gobierno de aplazar el censo para 2024.
Un manifestante de 47 años murió al parecer debido a los golpes que le propinaron grupos rivales cuando intentaba desbloquear una ruta en Puerto Quijarro, población de Santa Cruz fronteriza con Brasil, informó el fiscal Freddy Durán. “Estamos investigando, porque esto es un homicidio”, dijo.
“Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico, que provocó la pérdida de una vida humana. Este trágico hecho debe investigarse y sancionarse a los responsables”, dijo el presidente Arce en su cuenta de Twitter.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder opositor, responsabilizó al gobierno por movilizar “grupos de choque” para impedir la protesta. Otros enfrentamientos se registraron en una carretera que dejaron varios contusos.
En tanto, autoridades del gobierno central y de Santa Cruz instalaron una mesa de negociación el sábado por la tarde para buscar un acuerdo que permita suspender la protesta, dijo la ministra de la Presidencia María Nela Prada.
Varios analistas dicen que el trasfondo de la disputa es que un nuevo censo le daría a Santa Cruz mayor representación legislativa y le permitiría tener más peso en las decisiones políticas. El gobierno de Arce busca demorar el empadronamiento para que la nueva redistribución de escaños no merme su fuerza política en las elecciones presidenciales de 2025.
Otras regiones anticiparon que se sumarán a la protesta de Santa Cruz la próxima semana para pedir que el censo se haga en 2023 y no en 2024 como pretende el gobierno.
El país se mantiene fuertemente polarizado desde la crisis política de 2019 que forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas fallidas elecciones denunciadas de fraudulentas en las que éste buscaba un cuarto mandato. El estallido social de entonces dejó 37 muertes en casi un mes de protestas callejeras.
