BEIRUT (AP) — Naciones Unidas ha pagado decenas de millones de dólares en contratos con empresas asociadas a personas con apoyo del gobierno sirio y sancionadas por violaciones de los derechos humanos, según un reporte de dos organizaciones no gubernamentales.
La guerra civil siria, que comenzó en 2011 como un alzamiento, ha dejado cientos de miles de muertos y desplazado a la mitad de los 23 millones de habitantes que tenía el país antes del conflicto. Más del 80% de los sirios viven ahora en la pobreza, de modo que buena parte de la población depende de la ayuda humanitaria.
El presidente de Siria, Bashar Assad, que tiene el respaldo militar de Rusia, Irán y el grupo armado libanés Hezbollah, ha podido retomar desde entonces buena parte del país. Pero Siria sigue sumida en una dura crisis económica. Un brote de cólera infectó hace poco a unas 20.000 personas, en un reflejo de la difícil situación del país.
Un reporte que analizaba la lista de 100 proveedores de Naciones Unidas en Siria en 2019 y 2020 realizado por el Observatory of Political and Economic Networks, una organización sin fines de lucro, y el Syrian Legal Development Program, una organización no gubernamental, concluyó que casi la mitad de los contratos en esos dos años fueron con proveedores implicados en violaciones de los derechos humanos o que podrían haberse beneficiado de ellas. El reporte se publicó el martes.
Casi un cuarto de los contratos de la ONU en ese periodo fueron con empresas que eran propiedad total o parcial de individuos sancionados por Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión Europea por violaciones de derechos humanos, y ascendían a unos 68 millones de dólares en total.
Uno de ellos es Fadi Saqr, cercano a Assad y que dirige las Fuerzas Nacionales de Defensa en Damasco, una milicia progubernamental que ejecutó a docenas de prisioneros con los ojos vendados en 2013 y los enterró en una fosa común cerca de la capital siria.
La ONU dijo a The Associated Press que estaba al tanto del reporte y pronto haría comentarios sobre sus hallazgos.
“Los procesos de las agencias de la ONU no llegan a la diligencia debida”, dijo a The Associated Press Eyad Hamid, investigador de alto rango en el Syrian Legal Development Program. También se limitan a revisar quién es el propietario legal de una empresa en lugar del comprobar quién es el "beneficiario último de la compañía”, apuntó.
Grupos activistas han acusado al gobierno sirio y sus asociados de retener o desviar ayuda para familias en zonas controladas por la oposición o de manipular los tipos de cambio para llenar las arcas del estado.
“Comprendemos que no se puede entregar ayuda en Siria sin costes (...) La cuestión para mí es cómo minimizamos ese coste”, explicó a AP Karam Shaar, director de programa en Siria del Observatorio de Redes Políticas y Económicas. “Creo que ahora queda establecido que el coste de hacer negocios a través de Naciones Unidas en la Siria controlada por el régimen es de lejos el más alto en comparación con la ayuda prestada por otras organizaciones en otras zonas controladas”.
Shaar señaló que si bien en ocasiones la ayuda sólo puede canalizarse a través de agencias de Naciones Unidas, los estados donantes deberían desviar el financiamiento a ONG internacionales que cumplen sanciones unilaterales, en concreto de Estados Unidos y Gran Bretaña.
“Aunque la ONU dice que no está sujeta a sanciones unilaterales, las ONG rinden cuentas en los países en los que tienen su sede”, agregó.
AP publicó la semana pasada los resultados de una investigación que mostraban que la representante de la Organización Mundial de la Salud en Damasco había malversado millones de dólares y cubrió a miembros del gobierno sirio con obsequios como computadoras, monedas de oro y autos.
