MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que se continúa negociando sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que por su parte no habrá "nada más que discreción".
También ha recalcado que es "urgente" proceder a la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), dado que hay un sector de la corte de garantías que debe reemplazarse.
Así lo ha manifestado durante durante su participación en la jornadas 'Reforma laboral y futuro del mercado de trabajo' organizadas por la APIE y cuestionada sobre los contactos sobre el relevo de vocales con mandato caducado en el órgano de Gobierno de los jueces.
Precisamente esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que Podemos no va a "tolerar" que el PP condicione la renovación del CGPJ a la exclusión de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y que defenderán "hasta las últimas consecuencias" que es la "mejor candidata" para entrar en este organismo.
"Se está negociando y no van a tener de mí nada más que discreción", ha zanjado Díaz, para recalcar que como jurista el hecho de que la institución lleve cuatro años sin renovarse es de "extrema gravedad".
Es más, ha apuntado que urge en España una apoyo a la institucionalidad en materia judicial que "jamás" debió abandonarse y ha criticado que la actitud del PP, de bloquear el recambio en el CGPJ, fue "profundamente incorrecta".
Por último, Díaz ha indicado que es "urgente" aprobar la Ley Trans, justo un día después de que el PSOE haya solicitado la prórroga de una semana más en el plazo para presentar enmiendas a la normativa.
MONTERO VE "INASUMIBLE" EL VETO DEL PP A ROSELL
Mientras y en declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia a la conferencia regional 'Mujeres por el Mediterráneo', organizada por Unión por el Mediterráneo, Montero ha resaltado que le parece "intolerable" e "inasumible" para la democracia que la condición que pongan los populares para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces sea "ejecutar una venganza política" contra Rosell.
"Victoria Rosell representa lo mejor de la democracia y la regeneración política y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias que es la mejor candidata para el CGPJ", ha sentenciado la ministra de Igualdad, que se suma a diversas voces de la cúpula de Podemos que presionan para que entre en la terna de aspirantes.
Ayer, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, insistió en la exigencia de que la delegada del Gobierno contra la violencia de género forme parte de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lanzó que "nadie progresista puede apoyar" el "veto ad hoc" planteado por el PP a su figura.
También aseveró que existe "unanimidad" dentro de Unidas Podemos de que el veto del PP a Rosell es una "infamia política" y que la apuesta colectiva es que en esa negociación para intentar que no se ejerza, dado que su inclusión es garantía de "regeneración" en la institución.
NEGOCIACIÓN CON EL PSOE Y POSICIONES EN UP
Los contactos habituales dentro de la coalición sobre el CGPJ los mantienen el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz adjunto del grupo confederal y representante de IU, Enrique Santiago. Dentro del espacio confederal la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha convocado varias reuniones con representantes de los partidos para analizar la situación de la negociación.
Todas las ramas de Unidas Podemos apoyan la posibilidad de que Rosell sea candidata, como hizo el presidente del grupo parlamentario Jaume Asens la semana pasada, si bien Díaz e IU han abogado por no publicitar nombres y centrar esa discusión de forma discreta en el ámbito negociador. Mientras, Podemos presiona públicamente para que sea candidata formal con la advertencia de descolgarse de ese pacto.
No obstante, fuentes de Unidas Podemos han recalcado que Rosell es una posibilidad que está encima de la mesa pero también hay otros perfiles que contarían con el aval del espacio confederal. Y es que hay voces que reconocen que la candidatura de la delegada del Gobierno contra la violencia de género suscita complicación ante el requisito de optar por perfiles que no tengan vinculación con la actividad política.