SANTIAGO (AP) — La voz de una niña de siete años guía el recorrido por los pasillos oscuros del centro de detención clandestino donde su padre fue torturado por sus ideas políticas durante la última dictadura militar chilena.
El lugar subterráneo, que funcionaba en el ex Hospital Militar de Santiago, fue convertido el jueves en un memorial para los detenidos, torturados y desaparecidos durante el régimen de facto de 1973 a 1990.
Aquella niña, que acompañada por su hermano de 8 años y su padre descendió a aquel infierno, es Ximena Canales, hoy de 55 años y quien por primera vez pudo volver al espacio cerrado hasta ahora al público.
“Fui testigo en primera persona de los hechos que se cometían en este lugar. Estuvimos secuestrados junto a mi padre, ahora ya fallecido, y mi hermano”, relató Canales en el acto en el que el lugar quedó convertido en un sitio para la memoria.
“Los dos fuimos encerrados en el sótano mientras torturaban a mi padre y a muchas otras personas detenidas”, continuó. Al sentir un disparo corrió intempestivamente y “vi a un varón recién ejecutado”, recordó Canales, quien durante años dedicó todos sus esfuerzos a convertir el lugar en un memorial.
Esa imagen “junto a aquellas en que simulaban dispararnos, cómo jugaban con nuestras vidas, se grabaron con sangre en mi alma” como la sangre de aquel ejecutado a quien llamó Manuel. “Para mí no es un NN”, aseguró la mujer que atravesó depresiones severas y secuelas post traumáticas que acabaron afectando también a sus hijos.
El ex Hospital Militar, ahora Hospital Metropolitano ubicado en pleno centro de Santiago, fue utilizado como centro de detención y tortura por el ejército entre 1973 y 1974 y en ese mismo lugar falleció el dictador Augusto Pinochet en 2006.
“Detención ilegal, secuestro, tortura, destierro, exilio, pobreza extrema, hambre, desarraigo profundo” es lo que pasaron muchos chilenos en aquella época, señaló Canales, quién solicitó al gobierno del izquierdista Gabriel Boric que reabra los casos pendientes.
La dictadura de Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.065 opositores asesinados y poco más de un millar de desaparecidos. Poco menos de 200 personas -la mayoría exmilitares- han cumplido condenas por violaciones a los derechos humanos y otros centenares enfrentan procesos por esos delitos.
Desde el regreso de la democracia en 1990 sólo se han encontrado los restos de unos 150 desaparecidos e investigaciones judiciales comprobaron que un número indeterminado de opositores a la dictadura fueron lanzados al mar.
El gobierno de Boric ha manifestado su compromiso con la condena de las violaciones de los derechos humanos cometidas en todas las épocas de Chile.
“La última vez que entré en este recinto fue el 6 de febrero de 1974. Era el día del cumpleaños de mi padre, en que nos autorizaron a visitarlo. Él murió el 15 de marzo de ese mismo año, cinco semanas después”, relató la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuyo padre José Tohá fue también ministro del Interior durante el gobierno del derrocado presidente Salvador Allende.
Varias fotos de José Tohá fueron exhibidas en el hospital, la primera institución de salud que reconoció haber albergado un centro de torturas.
“Algo tienen los lugares que absorben la memoria de lo que ocurrió en sus recintos”, explicó la ministra en medio de las velas que evocaban a los que perdieron su vida ahí. “Yo personalmente siento esto como una reparación”, manifestó.
