MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La decisión fechada el pasado 19 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue adoptada tras una denuncia registrada el 2 de marzo de 2022 por parte de las organizaciones Defensa de los Niños Internacional (DCI), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo.
Según ha informado el propio Comité, dichas organizaciones querellantes alegan que los cortes de luz, iniciados en octubre de 2020 y que aún persisten, afectan a miles de habitantes de la Cañada Real Galiana en sus derechos a la protección contra la pobreza y la exclusión social, a la vivienda y a la no discriminación.
En este sentido, las organizaciones querellantes solicitaron además al Comité que indicara "medidas inmediatas" al Gobierno de conformidad con el artículo 36 del Reglamento del Comité.
DAÑOS GRAVES E IRREPARABLES
Ante esta denuncia, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa llama al Gobierno español a "adoptar todas las medidas posibles con el fin de evitar daños graves e irreparables a la integridad de las personas que viven en la Cañada Real Galiana, que no tienen acceso adecuado a la electricidad y, por lo tanto, están expuestos a riesgos para la vida, el bienestar físico e integridad moral".
En particular, el organismo insta al Ejecutivo a "garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)".
Por otro lado, pide que España ofrezca "un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción".
Finalmente, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa reclama que se garantice que todas las autoridades públicas pertinentes sean informadas de esta decisión y informar al Comité antes del 15 de diciembre de 2022 de las medidas previstas para ser implementadas.
