MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
En 2018, el anterior Gobierno de Mauricio Macri concedió una extensión de ambas concesiones hasta el año 2030, un acuerdo que el nuevo Ejecutivo de Alberto Fernández decidió revisar con una auditoría, que ahora reveló "objeciones en relación a la legitimidad" de esta renovación.
Así, el Ministerio de Obras Públicas interpuso el pasado 11 de octubre una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para declarar nula esa extensión, argumentando que esa operación compromete al Estado a afrontar "una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios".
En concreto, los acuerdos de 2018 comprometían al Estado al pago de una deuda bruta de 813 millones de dólares (816 millones de euros) e incrementaban en 20 veces las tarifas de peaje. El Gobierno también defiende en su denuncia que las obras ejecutadas en la vía se financian con un fondo público y no con los peajes, que asegura que son casi en su totalidad para su propio beneficio.
El Gobierno también ha pedido a la Justicia que se dicte con carácter urgente una medida cautelar con el objetivo de que el Estado se haga cargo de la gestión de estas dos autopistas. No obstante, en el marco del arbitraje, se ha ordenado la inmediata suspensión de esta solicitud cautelar.
La primera de las carreteras es Acceso Norte (Ausol), tiene una longitud total de 120 kilómetros y está controlada en un 31,59% por Abertis (participada, a su vez, por ACS y la italiana Atlantia). Su concesión acabó el pasado 31 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Acceso Oeste (GCO) comprende una longitud total de alrededor de 55 kilómetros y su concesión finalizó el 31 de diciembre de 2018. La concesionaria está controlada en un 42,87% por Acesa, compañía del grupo Abertis.
Tanto Ausol como GCO siguen defendiendo que los acuerdos de 2018 son "plenamente legítimos" y aprobados por las máximas autoridades del Estado en ese momento, siendo el resultado de unas negociaciones que se extendieron 16 años.
