SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño reformó el martes la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones que agiliza la autorización de escuchas telefónicas y amplía los delitos que podrán ser investigados.
También modificó la Ley Orgánica Judicial, con el objetivo de acelerar los procesos contra las estructuras delictivas, creando once nuevos tribunales especializados contra el crimen organizado a fin de garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida.
Los cambios fueron aprobados con los votos de 64 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Quince diputados de oposición votaron en contra y cinco estuvieron ausentes.
Los diputados consideran que debido a la evolución de la delincuencia con la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, se vuelve necesario perfeccionar los mecanismos actuales de intervención de las comunicaciones.
Según la reforma, la vigilancia telefónica deberá ser solicitada por el Fiscal General de la República y el director del Centro de Intervenciones y deberá ser autorizada por el juez de garantía en un plazo no mayor a las cuatro horas
La ley vigente otorga a los jueces de instrucción de San Salvador la potestad de autorizar la vigilancia de las telecomunicaciones, pero con la modificación, serán los juzgados de garantía los que la aprueben inclusive en los casos que se traten de investigaciones de delitos cometidos por menores de edad.
“El juez de garantía estará 24/7 dedicado solamente a esa función”, explicó la diputada Marcela Pineda que preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Las intervenciones telefónicas sólo afectarán a quienes estén siendo investigados por delitos de homicidio, feminicidios, delitos informáticos o electrónicos, pornografía, extorsión, delitos de corrupción, agrupaciones ilícitas, tráfico ilegal de personas, organizaciones internacionales delictivas, y delitos previstos en la Ley Especial contra actos de Terrorismo.
Durante los debates, los diputados oficialistas del partido Nuevas Ideas sostuvieron que las reformas permitirán obtener pruebas procesales judiciales, incorporar mecanismos de resguardo digital y cadena de custodia del material obtenido, además de ampliar el catálogo de delitos.
“Buscamos evitar la impunidad a fin de hacer justicia para las víctimas. Estos cambios servirán para obtener elementos incriminatorios para el ofrecimiento de la prueba en un proceso penal, a modo que los jueces emitan una sentencia mucho más rápida”, manifestó el diputado Francisco Villatoro del partido Nuevas Ideas.
“Debemos adaptar la ley a nuevas tecnologías que está empleando el crimen organizado para cometer delitos”, agregó el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Explicaron que con la creación de los tribunales contra el crimen organizado se busca atender la carga laboral que tiene el sistema de justicia desde marzo pasado cuando el gobierno comenzó a implementar el régimen de excepción.
La oposición criticó las reformas porque le dan más poder a la Fiscalía. “Dicen que es para perseguir criminales, pero la Fiscalía no es independiente. Su titular fue impuesto; su idoneidad está cuestionada”, afirmó la diputada Claudia Ortiz del conservador partido VAMOS. .
Desde marzo El Salvador vive bajo un estado de excepción para combatir a las pandillas y según las autoridades ya capturaron a más de 56.000 presuntos delincuentes.
En marzo, el Congreso también reformó el código penal para que las pandillas o cualquier organización delictiva sean considerados ilícitos y sus miembros puedan ser sancionados con penas entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían recibir condenas de 40 a 45 años de cárcel.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima cuentan con unos 76.000 integrantes, tiene presencia en populosos barrios y comunidades de El Salvador. De acuerdo con las autoridades, esos grupos están involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado; extorsionan a comerciantes y empresas del transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar.
