BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino criticó el jueves la decisión de un tribunal de liberar a los cuatro miembros de una agrupación derechista investigada por incitar a la violencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes del fallido atentado que sufrió en septiembre.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dijo a Radio Con Vos que es “indignante el mensaje que está dando la justicia federal" y consideró que "no hay constitución ni justicia que ampare” a la también exmandataria.
La Cámara Federal de Buenos Aires resolvió la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal, quienes fueron detenidos el 20 de octubre por orden de un juez por presunta incitación a la violencia en una causa paralela a la que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta.
La portavoz gubernamental Gabriela Cerruti instó por su lado en una rueda de prensa a que se profundice la investigación del ataque ocurrido en las inmediaciones de la vivienda de Fernández de Kirchner en Buenos Aires -por el que hay tres detenidos- y a que se determine si Revolución Federal recibió financiación que posibilitara el frustrado atentado.
El gobierno apelará la medida de la Cámara Federal, que consideró que no existen riesgos para mantener encarcelados a los miembros de Revolución Federal.
La exmandataria fue víctima de un fallido ataque durante una congregación de simpatizantes que se formó cerca de su domicilio luego de que un fiscal pidió para ella una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción durante su mandato (2007-2015). El brasileño residente en Argentina Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló una pistola contra Fernández de Kirchner, pero la bala no salió.
La víspera el presidente Alberto Fernández arremetió contra los jueces de la Cámara “empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta”.
El gobierno considera que un sector de la justicia persigue a la exmandataria en connivencia con la principal fuerza de la oposición.
Morel, líder de Revolución Federal, ha negado que la agrupación que fundó en abril tenga en la mira a Fernández de Kirchner a la que, según dijo, “jamás se acercó”.
Pero los abogados de la vicepresidenta creen que los detenidos por el intento de asesinato forman parte o tienen vínculos con Revolución Federal.
Esa agrupación -integrada por jóvenes- se autodefine apolítica y se siente afín al liberalismo económico que propugna la derecha más conservadora. En agosto encabezó una Marcha de Antorchas frente a la casa de gobierno y bajo la consigna “cárcel o bala” al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández y al sector que lidera Fernández de Kirchner, los participantes arrojaron teas encendidas sobre las vallas que rodean la sede gubernamental.
La agrupación tiene fuerte presencia en las redes sociales, donde dispara sus dardos contra la clase política y particularmente contra el kirchnerismo, al que tilda de corrupto e incapaz.
Revolución Federal cobró notoriedad tras confirmarse que una de las detenidas por el intento de asesinato contra la vicepresidenta, la joven Brenda Uliarte, había participado de la protesta de agosto frente al palacio gubernamental.
La justicia no ha encontrado pruebas que vinculen a Revolución Federal con el ataque contra Fernández de Kirchner y la investigación se enfoca en su violenta metodología de protesta y su financiamiento.
El juez a cargo de la pesquisa ha puesto la lupa en dos fideicomisos que pertenecerían a la empresa Caputo Hermanos de los hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019), uno de los opositores al kirchnerismo.
