Quedan apenas unos días para que Qatar acoja el Mundial de fútbol, y los grupos de derechos temen que la ventana para abordar la explotación generalizada de trabajadores extranjeros pueda cerrarse con rapidez.
La larga espera para el campeonato de este mes ha ido acompañada de un escrutinio sin precedentes sobre el trato que reciben los millones de trabajadores extranjeros en el país del Golfo Pérsico, donde construyeron estadios y otra infraestructura, trabajarán en hoteles y barrerán las calles durante el mayor evento deportivo del mundo.
Ante las intensas críticas internacionales, Qatar ha hecho varias reformas en los últimos años, como el desmantelamiento parcial de un sistema que vinculaba a sus trabajadores a sus empleadores e introducir un salario mínimo, cambios que fueron elogiados por Naciones Unidas y grupos de derechos.
Pero los activistas dicen que los abusos, que van desde salarios sin pagar a duras condiciones de trabajo en uno de los países más calurosos del mundo, siguen siendo generalizados, y los trabajadores, que tienen prohibido sindicarse o hacer huelga, tienen pocas formas realistas de buscar justicia.
También les preocupa lo que ocurrirá tras el torneo, que dura un mes y termina en diciembre, cuando la atención internacional se desplace y los empleadores reduzcan sus plantillas.
Qatar dice que es líder regional en reformas laborales y que los progresos continuarán tras el Mundial. Desde el emir que gobierna el país a funcionarios de menor rango, las autoridades cataríes han arremetido contra los críticos, a los que acusan de ignorar las reformas y señalar de forma injusta al primer país árabe o musulmán que organiza el Mundial.
Como otros países del Golfo Pérsico, Qatar depende de millones de trabajadores inmigrantes, que son la mayoría de la población y casi el 95% de la fuerza de trabajo, desde los ejecutivos corporativos de altos salarios a los obreros de la construcción.
El país ha desmantelado buena parte del sistema conocido como “kafala”, que vinculaba a los trabajadores a sus empleadores y hacía casi imposible que renunciaran o cambiaran de empleo sin permiso. Pero grupos de derechos señalan que mucho de ese modelo persiste de modo más informal.
A menudo, los trabajadores deben pagar una cuota desorbitada de reclutamiento, lo que les endeuda incluso antes de llegar. Y los empleadores todavía pueden cancelar sus visas o reportar a los que renuncian por “fuga”, un delito penal.
“Si un trabajador migrante deja un empleo por el que no le han pagado en varios meses, simplemente hay un riesgo real de que no vaya a recuperar ese dinero”, dijo Michael Page, del grupo con sede en Nueva York Human Rights Watch.
Equidem, un grupo de derechos laborales con sede en Londres, publicó hace poco un extenso reporte que documentaba abusos en más de una docena de hoteles del Mundial, donde según dijo trabajadores de África y Asia enfrentaban acoso sexual, discriminación, robo de salarios y riesgos de salud y seguridad.
Muchos migrantes que trabajan como guardias de seguridad o personal doméstico pasan meses o incluso años sin días libres, pese a las leyes que exigen al menos uno a la semana, señaló Ella Knight, investigadora de Amnistía Internacional, un grupo con sede en Londres.
“La impunidad sigue siendo un enorme problema, de modo que los empleadores simplemente no rinden cuentas o no son penalizados de forma que impida que se repitan los abusos”, explicó.
La legislación catarí prohíbe que los trabajadores formen sindicatos o celebren protestas, y las autoridades restringen de forma estricta el acceso de los medios a los trabajadores. La policía detuvo al menos a 60 trabajadores que hicieron huelga por salarios impagados en agosto. El año pasado, dos reporteros noruegos fueron detenidos cuando informaban sobre los trabajadores inmigrantes.
Malcolm Bidali, un guardia de seguridad keniano que había escrito en un blog anónimo sobre las penurias que sufren los inmigrantes, estuvo detenido tres meses -incluidos 28 días en aislamiento- y se le impuso una multa de 6.800 dólares antes de que dejara el país el año pasado.
En un artículo sobre su experiencia, indicó que las reformas cataríes “se ven magníficas” sobre el papel, pero la realidad sobre el terreno es diferente y las autoridades parecen más interesadas en silenciar la disidencia que en sancionar a los empleadores abusivos.
“No puedo evitar preocuparme por lo que espera a los trabajadores migrantes tras el Mundial”, escribió. “Si los trabajadores siguen viviendo en condiciones espantosas, si los trabajadores siguen pasando meses sin cobrar, si los trabajadores siguen sin poder cambiar de empleo libremente, si los trabajadores domésticos siguen sin conseguir justicia, ¿qué ocurrirá cuando nadie esté mirando?”.
Qatar ha defendido sus reformas y afirma que seguirá salvaguardando el bienestar de los trabajadores tras el torneo.
“Qatar siempre ha reconocido que queda trabajo por hacer, especialmente en exigir responsabilidades a nuestros empleadores poco escrupulosos, como ocurre en cualquier país del mundo”, afirmó en un comunicado Ali Al-Ansari, enviado catarí para medios en Estados Unidos. “Ya vemos declinar las infracciones de un año a otro conforme aumenta el cumplimiento entre los empleadores”.
Activistas de derechos laborales señalan que Qatar aún debe compensaciones a los que trabajaron en proyectos de infraestructura del torneo desde que su candidatura salió victoriosa en 2010, años antes de que se aprobaran las reformas. Amnistía dice que las autoridades no investigaron las muertes de trabajadores en ese periodo.
Amnistía y otros grupos de derechos instan ahora a la FIFA, que rige el fútbol mundial, a establecer un fondo de 440 millones de dólares -equivalente al total de premios del torneo- para compensar a los trabajadores, una petición que han respaldado varias federaciones. El organismo ha dicho estar abierto a la idea.
Qatar estableció su propio fondo en 2018 para compensar a los trabajadores que resultan heridos en su puesto o que no cobran, y según Al-Ansari ha pagado unos 270 millones de dólares en lo que va de año. No respondió de forma directa sobre las peticiones de crear un fondo más amplio de compensación.
Page, de Human Rights Watch, dijo que los considerables pagos de las autoridades cataríes, que sólo cubren reclamaciones de los últimos años, muestran la importancia de establecer un fondo más grande para abordar los “abusos muy graves” registrados en los años previos a las reformas.
“Si esta es su postura ahora, en pleno apogeo del escrutinio, ¿cuál va a ser su postura -de las autoridades cataríes- después del mundial, en cuanto a reformas y protección de los trabajadores migrantes, cuando se reduzca la atención? Creo que eso es muy preocupante”, aseguró.
___
Joseph Krauss está en Twitter como www.twitter.com/josephkrauss
