MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Ambas organizaciones han señalado que las condenas a los miembros del grupo Gdeim Izik han surgido de su supuesto papel en la violencia letal que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando la Policía marroquí desmanteló un campamento de protesta en el Sáhara Occidental.
Los juicios se vieron empañados por una gran dependencia de las "confesiones" que los acusados repudiaron como obtenidas mediante tortura.
"Diecinueve hombres han pasado ahora 12 años en prisión, con años aún por cumplir, después de juicios que se basaron en gran medida en confesiones contaminadas", ha afirmado el director para Medio Oriente de HRW, Lama Fakih.
"El paso del tiempo solo ha aumentado la injusticia en este caso", ha agregado Fakih, lamentando la situación.
HRW y AI han recordado que el órgano de expertos sobre tortura de Naciones Unidas condenó durante el año pasado violaciones de la Convención contra la Tortura en tres casos relacionados con los acusados de Gdeim Izik, poniendo en duda "el valor probatorio" de las investigaciones del poder judicial marroquí.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron a desmantelar el campamento de Gdeim Izik, que constaba de unas 6.500 tiendas de campaña que los saharauis habían levantado un mes antes cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, para protestar por sus condiciones sociales y económicas.
Los enfrentamientos violentos resultantes en el campamento y en El Aaiún mataron a 11 agentes de seguridad, según funcionarios marroquíes, así como a tres civiles.
Asimismo, HRW ha enfatizado que las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon y maltrataron repetidamente a las personas que detuvieron inmediatamente después.
Con todo, en un fallo de noviembre de 2021 sobre una denuncia presentada por un acusado de Gdeim Izik, Mohamed Bourial, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó las investigaciones de tortura de la corte de apelaciones, tanto por su lentitud como por no cumplir con el Protocolo de Estambul, un conjunto de pautas para investigar y documentar las denuncias de tortura.
El comité de Naciones Unidas señaló que "el Estado se ha excedido con creces en el plazo razonable para impartir justicia en el caso del autor 11 años después de los hechos y de la presentación de las primeras denuncias de tortura".
La mayor parte del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la ONU, ha estado bajo el control 'de facto' de Marruecos desde que se apoderó del territorio de España, su antiguo administrador colonial, en 1975.
El Gobierno de Marruecos lo considera su territorio y rechaza las demandas de un voto sobre la autodeterminación que incluiría la independencia como una opción. Esa opción se incluyó en el referéndum que Marruecos y el Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron en un acuerdo de alto el fuego de 1991 mediado por la ONU.
"Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones en el Sáhara Occidental en apoyo de la autodeterminación saharaui. Marruecos obstruye el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos, incluso acosando a sus miembros y bloqueando los procesos de registro legal, y en ocasiones golpeando a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles", ha señalado HRW en su comunicado.
"El continuo encarcelamiento del grupo Gdeim Izik sobre la base de evidencia contaminada muestra que cuando se trata de aquellos que se oponen al Gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental, un juicio justo es una quimera", ha señalado la subdirectora de Medio Oriente y África del Norte en Amnistía Internacional, Amna Guellali.
