CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 presentaron el martes una denuncia penal en la Fiscalía General alegando el uso de pruebas falsas, lo que podría afectar el proceso y alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.
La crisis que enfrenta la investigación sobre la desaparición de los estudiantes tuvo el martes una escalada ante la acción judicial que ejercieron los cuatro militares detenidos por el caso: el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
La presentación de la denuncia judicial en la Fiscalía General de la República fue anunciada en conferencia de prensa por los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, quienes indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad, que dirige Encinas, y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.
Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.
A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.
Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.
Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González fustigó a Encinas señalándolo de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.
“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones… y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado al leer un comunicado.
Al ser preguntado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía General de la República.
Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”. La organización dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad "no resta valor a pruebas de acusación" sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.
La investigación sobre la desaparición de los estudiantes se vio estremecida la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.
Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe de la comisión gubernamental presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que —según dicen— complica la verificación de las evidencias que han sido consideradas como clave para determinar los posibles responsables en el caso.
Encinas defendió el pasado fin de semana las acciones de la comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.
El subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El proceso se vio envuelto en una polémica luego que se dio a conocer que habían sido canceladas 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso.
La suspensión de parte de las órdenes de captura, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, precipitó la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.
Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar. Murillo Karam fue vinculado a proceso en agosto por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
