MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
"Las autoridades rusas han sometido a traslado forzoso y a deportación a civiles desde las zonas ocupadas de Ucrania, lo que constituye crímenes de guerra y, probablemente, crímenes de lesa humanidad", ha denunciado la organización en un nuevo informe.
Dicho informe detalla el traslado forzoso de civiles desde los territorios de la Ucrania ocupada a zonas sometidas al control de Rusia por parte de las fuerzas armadas rusas, separando a los menores de sus familias, sufriendo torturas y detenciones arbitrarias.
"Separar a niños y niñas de sus familias, y obligar a la población a desplazarse cientos de kilómetros de su hogar son una prueba más del grave sufrimiento que la invasión rusa está causando a la población civil ucraniana", ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Las investigaciones demuestran también el traslado forzoso de cerca de un centenar de personas que residían en una institución estatal para personas de edad avanzada y personas con discapacidad de Mariúpol.
"Las fuerzas rusas atacan de forma indiscriminada y matan ilegítimamente a civiles, destruyendo innumerables vidas y destrozando familias. Nadie se ha librado, ni siquiera los niños y niñas", lamenta la organización.
Estas medidas están violando el Derecho Internacional humanitario, recuerda AI, que ha pedido que se investiguen tales acciones como crímenes de lesa humanidad. La ONG ha pedido reiteradamente que las autoridades responsables de la violación de Derechos Humanos rindan cuentas.
"La Fiscalía de la Tribunal Penal Internacional (TPI) y otras autoridades pertinentes deben investigar estos crímenes horrendos, incluidos los que se comenten contra miembros de grupos en situación de riesgo", ha solicitado Callamard.
"Todas las personas responsables de deportación y traslado forzoso, así como de tortura y otros crímenes de Derecho Internacional cometidos durante los 'filtrados' deben responder ante la justicia", ha agregado la secretaria general de la ONG.
Para esta investigación, Amnistía ha documentado casos concretos, tras entrevistar a más de 80 personas, tanto de Mariúpol como de Járkov, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. La práctica totalidad de los entrevistados se localizaban, en el momento de la consulta, en zonas controladas por Ucrania o en un tercer país europeo.
La mayoría de las víctimas describieron condiciones coercitivas en las que no tuvieron ninguna opción real salvo ir a Rusia o a otras zonas ocupadas por sus tropas, explica AI.
Además, varias personas declararon que se habían sentido presionadas para solicitar la ciudadanía rusa, proceso que se ha simplificado para personas menores de edad en presunta situación de orfandad o separadas de sus progenitores, así como para personas con discapcidad.
Estos movimientos en materia burocrática indican la existencia de una política rusa deliberada en relación con la deportación de civiles, que demostraría los crímenes de lesa humanidad.
Las leyes del conflicto armado prohíben los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado.
