CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ante la polémica que se ha desatado en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en el 2014 en el sur de México, el jefe de la comisión gubernamental que investiga los hechos, Alejandro Encinas, negó el miércoles que se hayan falsificado evidencias y atribuyó los recientes cuestionamientos a su gestión a personas relacionadas con quienes ejecutaron las desapariciones.
La reacción de Encinas se da un día después de que los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes presentaran una denuncia penal en la Fiscalía General de la República alegando el uso de pruebas falsas en la investigación que realizó la comisión gubernamental.
“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes”, afirmó el también subsecretario de Gobernación en un video que difundió en su cuenta de Twitter para defenderse de los señalamientos.
Sin mencionar nombres Encinas dijo que detrás de quienes lo atacan “están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”. Agregó que “quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Encinas aseguró que el trabajo de la Comisión de la Verdad “no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, y que las acciones que ejerció la Fiscalía General de la República y el juez del caso contra los militares detenidos están basadas en “evidencias sólidas”, y que no tienen relación con el informe que elaboró la comisión gubernamental.
El funcionario presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes se encuentran detenidos por el caso, presentaron el martes una denuncia judicial en la Fiscalía General de la República alegando que su proceso está viciado por la “fabricación y el uso de evidencias falsas”, según informaron sus abogados, Alejandro Robledo Carretero y César González.
A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.
Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.
La investigación sobre el caso se vio estremecida la semana pasada luego de que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionara la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el informe de la Comisión de la Verdad.
Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe de la comisión gubernamental presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que complicaba la verificación de las evidencias que han sido consideradas como datos clave para señalar a los posibles responsables en el caso y determinar cómo ocurrieron los hechos.
El proceso se vio envuelto una polémica luego que la Fiscalía General canceló 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra supuestos implicados, decisión que precipitó la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.
Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.
El caso Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia, según los expertos.
