MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
"La violencia, de cualquier naturaleza y de cualquier actor, no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y protesta. La pérdida de vidas (...), los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales, son inaceptables y no pueden repetirse", ha declarado la misión en el país, según un comunicado del organismo.
Además de rechazar categóricamente los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el país, ha reiterado la importancia del derecho a reunión y protesta pacífica como vía "para ejercer otros derechos como el de participación en los asuntos públicos o la libertad de expresión".
En este sentido, el ente ha exigido la acción de todos los organismos del Estado boliviano para el cumplimiento de los Derechos Humanos.
"Este rol es de particular importancia para evitar actos de racismo y discriminación", ha explicado el Alto Comisionado. "Las actitudes y comportamientos de esta naturaleza no pueden tener ninguna cabida en una sociedad democrática y exigen seguir trabajando en el respeto y la inclusión", reza el comunicado.
Asimismo, la misión de la OACNUDH ha señalado a la Defensoría del Pueblo, ya que "tiene una responsabilidad clave en la promoción y protección de los DDHH en el país".
También ha pedido que se proteja a los trabajadores de los medios de comunicación y que las fuerzas policiales cumplan con los estándares internacionales.
El Ejecutivo del país latinoamericano anunció la semana pasada que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar que el balance de víctimas es de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días.
La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días "de terror" que caracterizan al paro de Santa Cruz, afirmando que los líderes de las protestas tienen las "manos manchadas de sangre".
El denominado "movimiento cívico" de Bolivia --impulsado por la oposición en la región boliviana de Santa Cruz-- inició hace más de veinte días un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
Las protestas se están concentrando en la ciudad de Santa Cruz, donde la oposición a Luis Arce tiene mayor peso y es motor económico del país.
