La Alianza Global por los Cuidados, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el marco de la XV Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y Caribe, presentaron estas conclusiones en el informe ‘Acceso de las personas trabajadoras domésticas remuneradas a la seguridad social en Iberoamérica’.
En el acto, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, señaló que “el estudio contribuye a dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la OISS en materia de promoción del empleo formal y de equidad de género”, al tiempo que “avanza en línea con lo recogido en la III Estrategia Iberoamericana sobre Seguridad y Salud en el Trabajo referido al trabajo doméstico”.
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La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, Nadine Gasman, resaltó los avances en materia de acceso a la seguridad social de las trabajadoras domésticas en su país e hizo alusión a la reforma legislativa aprobada en octubre de 2022 a través de la cual “ahora es una obligación de las personas empleadoras pagar por la adscripción de las trabajadoras domésticas a las instituciones que brindan seguridad social”.
También se refirió al avance legislativo, resultado de la adición del capítulo que regula el trabajo doméstico en la Ley Federal del Trabajo y al compromiso del gobierno de México en continuar implementando el convenio 189 de la OIT ratificado en julio de 2020.
Pese a que 15 países de la región ya han ratificado el Convenio 189 de la OIT que establece las bases de la regulación del trabajo doméstico, persisten diversas desigualdades en la legislación laboral.
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En varios países, en el empleo doméstico aún se permite el trabajo sin contrato, el pago en especie por el trabajo realizado, no se aplica el salario mínimo ni los límites a la duración de la jornada, explicó en un comunicado.
“Estas desigualdades se dan también en los sistemas de seguridad social en los que se excluyen prestaciones que otras trabajadoras tienen, como la maternidad, el desempleo o la protección frente a riesgos laborales “, señaló Flavia Marco, directora del estudio elaborado por OIT, ONU Mujeres y OISS que se presentaron en ese espacio.
Desde las organizaciones sociales se ha pedido un mayor compromiso de los gobiernos con la mejora de las condiciones laborales y de protección social de estas profesionales que cumplen un papel fundamental en la provisión de cuidados.
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