CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a un ciudadano ruso y una bielorrusa que financian y dirigen empresas mineras en Guatemala acusadas de contaminación y corrupción para la obtención de permisos para operar.
El ruso Dmitry Kudryakov e Irina Litviniuk, de origen bielorruso, fueron sancionados por presuntamente dirigir “múltiples esquemas de sobornos durante varios años, involucrando a políticos, jueces y oficiales del gobierno", dijo el Departamento del Tesoro estadounidense. "Litviniuk realizó actos de corrupción, fomentando el tráfico de influencias ruso al dar pagos en efectivo ilegalmente a oficiales públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos”, agregó el Departamento.
La sanción incluye a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel, subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa de capitales rusos que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011.
En su página oficial Soloway Investment Group dijo que Mayaniquel no es y nunca ha sido parte la empresa y que los sancionados, que ocupan puestos directivos en sus filiales, fueron suspendidos inmediatamente hasta que se aclare su situación.
“Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia”, explicó la compañía e indicó que iniciará una investigación sobre el caso.
Las empresas y los sancionados no se han pronunciado al respecto. David Orellana, vocero de ProNico, dijo que analizan la respuesta que darán.
La sanción se hace bajo la Ley Global Magnitsky “que persigue a quienes cometen serias violaciones a los derechos humanos y corrupción alrededor del mundo”, dijo el organismo estadounidense.
“Nos solidarizamos con los guatemaltecos y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, señaló el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
El Departamento del Tesoro detalló que como consecuencia de las sanciones todas las propiedades e intereses de los sancionados que están en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
Las mineras han recibido un fuerte apoyo del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, que ha declarado varios estados de sitio en el municipio de El Estor para aplacar las manifestaciones comunitarias contra las compañías y ha enviado policías y militares para que garanticen que éstas puedan seguir funcionando. Las empresas han sido sancionadas legalmente en años anteriores por no cumplir los requisitos para operar.
El Estor es un municipio de poco más de 70.000 habitantes ubicado frente al Lago de Izabal -en el norte de Guatemala-, una zona muy pobre donde hay pocas calles asfaltadas y la mayoría de quienes viven fuera de la pequeña área municipal lo hacen en casas de madera y lámina. Los pobladores suelen subsistir de la pesca y el comercio.
Al menos cinco personas han muerto en conflictos en El Estor, entre ellos tres estudiantes universitarios que realizaban un trabajo de campo y fueron asesinados en circunstancias no esclarecidas dentro de las instalaciones del complejo minero.
Rafael Maldonado, abogado de pescadores artesanales que han denunciado a las mineras por delitos ambientales y corrupción, dijo que la sanción es “un precedente importante en este momento cuando el país está en una grave crisis del sistema de justicia”. Agregó que esto demuestra que "todo el trabajo que han hecho fiscales exiliados, abogados y comunitarios en denunciar la corrupción de las minas era cierto”.
