MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El máximo intérprete de la Carta Magna peruana ha dado la razón a la defensa del presidente después de que esta sostuviera que la acusación presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en contra de Castillo era arbitraria, ha informado la emisora RPP.
En concreto, el Tribunal Constitucional ha declarado fundamentado un recurso del equipo legal del mandatario en el que solicita un 'habeas corpus', asegurando que la denuncia de la subcomisión parlamentaria no cumple los "parámetros de racionabilidad" y vulnera "el principio de interdición de la arbitrariedad".
En este sentido, el Constitucional peruano ha anulado el acuerdo promovido la semana pasada por la subcomisión en la que se instaba al Parlamento a acusar a Castillo por una supuesta traición a la patria.
"El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar fundada la demanda de 'habeas corpus' y declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (...) por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria", esgrime la resolución expedida por el Constitucional de Perú.
El informe aprobado contra el jefe del Estado de Perú planteaba acusarlo por presunta infracción de la Constitución, motivo por el que se recomendaba inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por cinco años, todo ello después de haberse mostrado a favor de otorgar "mar para Bolivia", según recoge 'Diario Correo'.
"En el desarrollo de los fundamentos no se efectúa ninguna precisión sobre en qué medida las declaraciones del presidente de la República puedan ser subsumidas en el delito de traición a la patria (...) no se específica en qué medida puede constituir 'un acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o hacer independiente una parte de la misma'", alega el Tribunal Constitucional sobre dicho informe.
Con 11 votos a favor y 10 en contra, la subcomisión parlamentaria aprobó un informe sustentando que Castillo había traicionado al Estado, dejando el proceso en manos de la Comisión Permanente para que, posteriormente, pudiera ser debatido y votado en el pleno del Congreso.
Tras la decisión del Constitucional, el presidente Castillo ha evitado enfrentarse a una posible acusación por traición a la patria, lo que supondría el culmen de una innumerable lista de quejas e incriminaciones contra el mandatario en los poco más de 16 meses que lleva al frente de Perú.
En este tiempo, el jefe de Estado no solo ha visto cómo se le ha acusado a él de diferentes delitos, la mayoría por presunta corrupción, sino que también ha dedicado gran parte de su tiempo a nombrar nuevos ministros y hasta cuatro primeros ministros en un contexto político notablemente tenso.
La inhabilitación requiere de 66 votos, restando a los miembros de la mencionada Comisión Permanente. La prensa peruana ha advertido de que, en base a la aritmética parlamentaria ya mostrada en anteriores ocasiones, es posible que la oposición cuente con los números a su favor.
