MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
"Lamentablemente el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación, que lo hace imposible de realizar en 2023", ha declarado, antes de señalar que el tema de la fecha "no vendría a ser lo determinante".
El gobernador ha afirmado que han conseguido el 90 por ciento de los temas del paro: "Hemos logrado revertir la agenda del Gobierno, hemos logrado doblarle la mano al Gobierno, hemos logrado muchísimo", ha expresado en declaraciones recogidas por la agencia ABI.
Así, ha matizado que en las próximas horas decidirán si el paro continúa, ya que lo que el pueblo "está esperando (es) una ley que le dé la certeza de que la fecha en la que se determine (que se haga el Censo) en el Parlamento sea respetada".
Camacho, que es el principal protagonista del conflicto, consideró en varias ocasiones que la realización del Censo en 2023 era "inquebrantable", pero la nueva postura del gobernador cambia la situación de conflicto y anuncia un nuevo escenario, informa el periódico boliviano 'La Razón'.
En la capital boliviana se vienen sucediendo 33 días de protestas desde las cuales se piden al Gobierno que celebre el Censo en 2023 para adelantar el cobro de ayudas a los ciudadanos bolivianos. En dicha ciudad, donde se encuentra el motor económico del país, la oposición a Luis Arce tiene mayor peso.
El denominado "movimiento cívico" de Bolivia inició hace más de un mes --el 22 de octubre-- un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la violencia de las protestas de la capital de Bolivia, Santa Cruz, y pidió que se investigase cualquier violación de derechos. Además de rechazar categóricamente los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el país, OACNUDH ha destacado la importancia del derecho a reunión y protesta pacífica como vía "para ejercer otros derechos como el de participación en los asuntos públicos o la libertad de expresión".
El Ejecutivo del país latinoamericano anunció la semana pasada que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar que el balance de víctimas es de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días.
