BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia sugirió el viernes imponer una sanción de hasta ocho años a la antigua cúpula de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luego de que aceptó ser responsables de secuestrar a miles de personas durante cinco décadas de conflicto interno.
Al culminar la fase de investigación sobre los secuestros, el Tribunal emitirá una sentencia en los próximos meses que señalará la sanción que recibirán los exlíderes guerrilleros. Las sanciones no implicarán cárcel, pero sí restricciones de libertades y movimiento que serán monitoreadas por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La sanción la impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los crímenes del conflicto colombiano y que fue creada tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Entre los sancionados está Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien fue el último máximo jefe de las FARC. En su periodo a cargo la guerrilla tuvo el menor número de secuestros al coincidir con la época en que se negoció la paz y fueron liberados algunos rehenes, explicó el Tribunal.
Secuestrar personas fue en las FARC una práctica común. El Tribunal identificó más de 21.300 víctimas de este delito. Londoño reconoció que algunos de los rehenes sufrieron tratos inhumanos, como ser encadenados a árboles o retenidos en espacios cercados con alambre de púas.
En Colombia existe un debate sobre si las FARC incurrieron en prácticas esclavizantes. Los dirigentes de lo que actualmente es un partido político lo han negado públicamente. Al respecto, la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, aseguró a la prensa que los antiguos jefes de las FARC no negaron ante el Tribunal que existieron trabajos forzados ni su responsabilidad por ellos, por lo que la discusión gira en torno al calificativo que le darán los jueces en la sentencia final.
Como se tratará de "sanciones restaurativas” los imputados sugirieron -en consulta con las víctimas- hacer un proyecto para limpiar los campos minados y buscar a personas secuestradas que aún están desaparecidas.
También propusieron adelantar obras como vías, acueductos o escuelas en el Páramo de Sumapaz, en cercanías de Bogotá, por el que, según admitieron, transitaron unas 900 víctimas de secuestro.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal López, explicó a la prensa que tienen previstas unas audiencias en las que participarán las víctimas y los exguerrilleros para "examinar las inquietudes de las víctimas al respecto y estos proyectos serán objeto de revisión y sin duda de ajuste”.
